Poco o nada hay que esperar del PP andaluz ante la acometida que proviene del gobierno de Rajoy. La imposición de las nuevas condiciones financieras en las que se tiene que mover Andalucía por parte de Madrid abocan a la Junta a acometer recortes allá donde más duele como puede ser en Sanidad, Enseñanza o Servicios Sociales. Tiene que aplicar una desviación del gasto no superior al 0,3 por ciento del PIB para el año que viene para conseguir el equilibrio presupuestario, sin déficit alguno, en 2019. Eso supone, según primeros cálculos, unos 450 millones de euros menos cada ejercicio lo que significa una merma considerable. Los duros requisitos impuestos han levantado la ira del resto de comunidades no gobernadas por PP. Consideran absolutamente injusta la medida que, además, viene a castigar a algunos territorios como ocurre con Andalucía que, para colmo, ha sido hasta ahora fiel cumplidora en materia del control del gasto.
El malestar ha sido tal que nunca antes se habían manejado tan graves descalificativos contra el gobierno central como ahora. El impacto ha sido muy fuerte, tanto que, de momento, en el Ejecutivo andaluz nada quieren saber de profundizar en la reducción del Impuesto de Sucesiones tal y como lo exige el grupo parlamentario de Ciudadanos. Hay que recordar que su apoyo fue esencial en la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta y que tiene fijado en este asunto uno de los principales requisitos a cumplir para seguir prestándole estabilidad en el gobierno a los socialistas. En la Junta esperaban que se relajarán en algo las duras condiciones impuestas a las comunidades que son las que soportan la mayor carga en los recortes a pesar de que se encargan de gestionar los principales servicios que afectan al ciudadano. La mejoría de la coyuntura económica, tan pregonada por Rajoy y los suyos, hacía pensar en el adiós a la penuria en los recursos públicos pero no ha sido así de modo que ahora toca fijar la mejor forma de responder al reto que se plantea.
Y en esa tarea, de tratar de hacer rectificar tan desproporcionada iniciativa, Andalucía no puede contar con el PP de Juan Manuel Moreno Bonilla al que no se le conoce ni siquiera un mínimo gesto de desagrado con respecto al Gobierno central y en defensa de esta tierra. Ni lo hizo cuando las declaraciones despectivas hacia Andalucía de destacados mandatarios populares de Madrid y ni siquiera hace unos días cuando, en contra de lo que venía haciendo el Gobierno central de elogiar el alto grado de colaboración entre administraciones públicas en el incendio forestal de Moguer, lanzó a una de las suyas, Carmen Crespo, tratando de sacar tajada política arrojando unas críticas desproporcionadas y fuera de lugar, totalmente. Sí, el líder del PP andaluz ha perdido numerosas oportunidades para remarcar un perfil propio y no lo va hacer ahora que poco menos ya se ve en San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta. Así que habrá que descartar que haga gestiones en la Moncloa y ante Montoro para conseguir, al menos, que se suavicen esas duras directrices que ha impuesto en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Sin embargo, algo en este sentido podría hacer Ciudadanos, formación en la que el PP se viene apoyando para sacar adelante algunas cuestiones fundamentales en esta legislatura. Podría utilizarse esa posición de privilegio que mantiene en Madrid para ejercer sus influencias y procurar que se aminore el desagradable escenario financiero que se aplicará a las comunidades autónomas, todo un armazón de acero del que no se podrá salir, precisamente, cuando comienza a percibirse el fin de la recesión en la que nos encontramos. En este sentido, llama la atención la tibia respuesta de Juan Marín, presidente de Ciudadanos en Andalucía que más que indignado por el atropello que sufre, en especial Andalucía, prefiere seguir hablando de su libro, la reducción del Impuesto de Sucesiones.
A pesar de que para cumplir las nuevas exigencias de Hacienda se tendrían que hacer ajustes muy serios en el gasto público en Andalucía, Marín confía en el incremento de recaudación que se va a registrar para que se genere el margen suficiente que facilite esa nueva reducción en dicho impuesto que reclama al gobierno de Díaz. Es decir, pone el acento en un aspecto muy concreto, dado que de llevarse a cabo sus pretensiones, se beneficiaría de la medida un número muy determinado de personas, pero no en las graves consecuencias que tiene ese cerrojazo de Montoro para todas la cuentas de la Junta y su incidencia segura en las áreas de mayor gasto como las descritas anteriormente. Está bien eso de ir consiguiendo, paso a paso, logros inmediatos para los contribuyentes, pero, a veces, como sucede ahora, Ciudadanos debería elevar algo más su mirada y situarse como lo que debe ser, un partido que defiende los intereses de todos los andaluces, no de unos pocos. ~