Trabajar a pérdidas. Es una de las expresiones que más se escuchan desde hace meses en los informativos de televisión o radio en España. Actualmente está en boca de los camioneros autónomos, que se han hartado de ser uno de los eslabones peor tratados en la cadena de valor de la economía española. Por desgracia, no son los únicos. Ni este problema es de origen reciente. Tanto en la valoración de euros por hora de trabajo como en la valoración de proyectos. Pensemos en las camareras de piso en algunos hoteles. Las pequeñas explotaciones ganaderas. Los médicos sometidos a tarifas irrisorias por las aseguradoras. Los diseñadores. Las empleadas de hogar. Los creadores de contenidos periodísticos. Los agentes de venta telefónica. Las empresas de consultoría. La lista es demasiado larga, demasiado concurrida. Mal de muchos no es consuelo de transportistas. En España está cronificada la desigualdad a la hora de retribuir los trabajos y los esfuerzos. Ni en los salarios ni en las contratas. No ha resuelto esa grave falla y ahora se junta el hambre con las ganas de comer, pues en las reglas del juego de la sociedad de consumo y de la economía de nuestra época mandan cada vez más las gigantescas empresas que dominan la distribución, la venta, el análisis de datos, la comunicación. Con una capacidad imbatible para establecer en cualquier lugar y en cualquier momento unas tarifas y unas condiciones que hacen inviable a las pymes competir con ellas para mantener clientes.
En diciembre de 2021 entró en vigor la Ley de la Cadena Alimentaria, que prohíbe la venta a pérdidas obligado por el distribuidor. Una reivindicación clamorosa desde hace décadas, que aún ha de hacerse realidad. Porque el abuso de poder contra las pequeñas empresas de agricultura, ganadería o pesca es muy anterior a la actual espiral inflacionista de materias primas, energía y componentes. En dicha ley se especifica que “con el fin de evitar la destrucción del valor en la cadena alimentaria, cada operador de la misma deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción de tal producto en que efectivamente haya incurrido o asumido dicho operador”. Del dicho al hecho queda muchísimo trecho. Y lo mismo cabe decir en otras cadenas de valor donde el producto no es leche, naranjas o boquerones, sino horas de trabajo de ingenieros, abogados, economistas, arquitectos, enfermeros, auxiliares de geriatría, chóferes, repartidores, gestores de redes sociales, etc.
En las licitaciones promovidas por las administraciones españolas mediante la Ley de Contratos del Sector Público se otorga excesiva importancia en la puntuación a quien presenta el presupuesto más barato respecto al estipulado por la institución que promueve la convocatoria, en detrimento de valorar más la calidad técnica de la propuesta. Ese factor es fuente de precarización y de presión para trabajar a pérdidas cuando la candidatura ganadora subcontrata parte de los cometidos. La necesidad de facturar aboca a coger contratos donde es notable el riesgo de que se salga de madre el número de horas de trabajo que realmente se hacen, en comparación con las calculadas inicialmente.
En España cada vez es más frecuente tener empleos que no sacan de la pobreza. Son una triste invitación a pasarse a la economía sumergida. Si tuviéramos un Parlamento eficiente, ya habríamos celebrado hace muchos años un pleno monográfico para exponer y debatir soluciones a una de las preguntas del millón: ¿Cuántos españoles trabajan a pérdidas?