Piensen en dos opciones. Una se queda corta y la otra es excesiva. Hay que decidir rápido, porque ha debido hacerlo antes pero ya sabemos que la agilidad no suele ser nuestra mejor virtud, y además atajar un problema nunca antes visto. La decisión del Tribunal Constitucional contra la declaración del Estado de Alarma de marzo de 2020 no es un rechazo a las medidas tomadas por el Gobierno, sino a la figura elegida para tal fin. En su consideración legal, las pandemias se encuadran en el Estado de Alarma, pero para dar un paso más (algunos pasos más) y limitar derechos fundamentales se quedaba corto, aunque algunos juristas consideran que sí lo permitía que se ajustaban a proporcionalidad. El Estado de Excepción permitía esas limitaciones pero también facultaría a tomar decisiones que no nos gustarían, totalmente excesivas y contraproducentes. No tendría por qué hacerlas, está claro, pero parece mucho más adecuado que no tuviera ni siquiera la opción.
Por eso cuando los que se quieren quedar con la patente de la bandera española gritan que el Gobierno se ha extralimitado, aunque en sentido estricto sea así, se equivocan. Y me parece muy significativo el tremendo debate interno que ha suscitado esta cuestión entre el grupo de juristas que componen el TC: 6-5 en la votación, con conservadores y progresistas votando a favor y en contra de manera, digamos, combinada.
Lo que todos los juristas parecen tener claro es que, igual que la única relevancia real para esa decisión es la anulación de las multas por saltarse el confinamiento, tendrá un peso muy importante en posibles decisiones futuras, y habrá que ver hasta qué punto faculta al Gobierno central, a los gobiernos autonómicos, a tomar decisiones drásticas si la emergencia sanitaria obliga.
Todo esto, que probablemente a usted le cueste un poco entender porque tiene una utilidad muy cuestionable y porque su calado a futuro invitaba a una decisión con algo más de consenso en el TC, ha tapado bastante el homenaje a las víctimas y a los sanitarios en el Palacio Real. Faltaron cuatro presidentes autonómicos (dos de ellos fáciles de adivinar) y el partido que inició el proceso que ha desembocado en la decisión del TC, partido que excusó su ausencia argumentando que no querían blanquear la gestión del Gobierno (pésima para ellos, y ahora poco menos que ilegal).
La petición de unidad del Rey, además de difícil, es lógica. Me quedo con María Díaz, la cirujana cuyo padre, jefe de servicio de La Paz, murió por coronavirus a los 67 años. Pidió a los políticos que no olviden a las víctimas y recordó la necesidad de cuidar a los cuidadores. En eso no pueda haber fisuras por mucho que todavía haya mezquinos que no hayan entendido nada.
