Si usted aparca su coche donde hay una señal que inhabilita esa conducta, sufre el cobro de una multa. Si usted no paga un impuesto en las fechas estipuladas, será objeto de sanción. Pero a usted le sale gratis en España destrozar tanto el mobiliario público como los edificios y enseres de propiedad privada del prójimo, y cumplir su inconfesable deseo de incendiar y de robar en un ambiente guay de complicidad, porque es a los policías a quienes se acusa de impedir que los vándalos se expresen de modo tan directo. Sobre todo en Cataluña, donde se alcanzan las más altas cotas de perversión moral de la política, y se utiliza a los antisistema como moneda de cambio en las semanas de negociación tras las elecciones autonómicas para pactar entre las diversas facciones independentistas el reparto de poder, cargos y control de presupuestos que salen del dinero de todos los contribuyentes. También del que aportan los ciudadanos que más sufren directa e indirectamente el acoso a sus bienes, a sus actividades y a sus empleos.
Demasiadas personas se acostumbran a la polarización y se avienen a tragarse cualquier argumentario que justifique, aunque sea endeble y disparatado, su mentalidad predeterminada sobre lo que es justo o injusto, sobre quién es bueno o quién es malo. Ejercer la autoridad frente a la anarquía les parece un concepto represor... siempre y cuando los disturbios no se perpetren contra la fachada de su domicilio ni quemen su vehículo aparcado en la calle. Son tan reaccionarios como quienes no quieren en su calle como vecinos a los inmigrantes pobres.
Un avance histórico en el progreso de nuestra civilización ha sido instituir en las sociedades democráticas que el uso de la fuerza y la coacción solo puede ejercerse por parte de los agentes policiales. Limitada a una serie de situaciones especificadas en la legislación, y sometida a control gubernativo, parlamentario y judicial. Los países que han conformado así un Estado de Derecho, dejando atrás el uso indiscriminado e impune de la fuerza por parte de los tiranos, y superando también el recurso al vengativo 'ojo por ojo, diente por diente', son los que han alcanzado mayores cotas de bienestar. Su ciudadanía tiene muy claro que los funcionarios policiales o militares no son la encarnación de la derecha, el centro o la izquierda. Son servidores públicos como los bomberos, los profesores, los asistentes sociales o los administrativos. Y es profundamente democrático y verdaderamente progresista reprender a quienes bloquean con barricadas el viario de todos y a quienes dañan tanto los equipamientos que son de todos como los bienes que no son suyos. Tan democrático y progresista como llamar a la Policía para que acuda con urgencia a ayudarte cuando alguien intenta robar en tu domicilio.
Una de las mayores mentiras vertidas estos días en España, y sobre todo en Cataluña, para mantener vivo el fuego de la conflictividad, ha sido atribuir al malestar de las personas pobres ser el origen y el impulso de manifestarse durante varios días seguidos y de modo violento con el pretexto de protestar contra el encarcelamiento del nada heroico Pablo Hasel. En España está más que demostrado que quienes sobreviven de modo crónico en condiciones de pobreza, desempleo y precariedad laboral son el segmento de población que menos se manifiesta y que más sufre en silencio. Nada tiene que ver con ellos, ni con sus problemas ni con su talante, el gamberrismo guay de quienes gregariamente emulan durante un rato la parafernalia de los procesos revolucionarios, utilizan los adoquines o los contenedores como arma arrojadiza para sentirse maduros desafiando a la autoridad, y se amparan en el anonimato de la masa encapuchada para sentir la emoción de lo prohibido rompiendo escaparates para robar algo que usar o vender en el mercado negro. Porque no asaltan fruterías ni carnicerías, sino tiendas de material deportivo o de telefonía móvil. Guay.