Por cuarta vez en Andalucía se adelanta la convocatoria de elecciones autonómicas respecto a la fecha normativamente estipulada para la conclusión de la legislatura cuatrienal. Domingo 19 de junio. Se avecina el Día Mundial del Amor a Andalucía Sobrevenido. Cuánto te quiero, Andalucía, para amenizar los telediarios nacionales con imágenes de los termómetros urbanos a 50 grados al sol, y para dar servicio a la demanda de guasa española, mientras otros se lo llevan calentito a la sombra del poder en MadriLuña con cara de no haber roto nunca un plato. Qué arte tienes, Andalucía, pero no te pongas farruca pidiendo ser la que corte el bacalao porque eres la primera en población. Confórmate con ser la tierra de la alegría en las penas. La sartén y el mango quedan reservados para el pescado que ya está vendido a mayor gloria de los cenáculos insaciables.
La primera ocasión en la que se achicó el periodo de mandato fue en 1996, cuando Manuel Chaves anticipó dos años antes la llamada a las urnas, en busca de mayor porcentaje de votos y escaños, al no conseguir que Izquierda Unida le diera respaldo continuo a un PSOE hegemónico pero sin mayoría absoluta. La segunda fue Susana Díaz, en 2015, reduciendo un año la legislatura, en pos de dejar atrás el gobierno de coalición con IU y buscar su primera victoria electoral a título personal antes de que el fenómeno Podemos dividiera más el voto de la izquierda. Y la tercera también lleva la firma de Díaz, adelantó tres meses los comicios, para realizarlos el 2 de diciembre de 2018, en lugar de cuando tocaban a finales de marzo de 2019, tras consumar la ruptura con Ciudadanos, que le daba apoyo parlamentario desde la oposición mediante un pacto de compromisos en la gobernanza. Díaz quería adelantarse a la publicación de la sentencia del primer y larguísimo juicio de los ERE, que se estaba llevando a cabo y quedó visto para sentencia el 17 de diciembre de 2018, anunciándose el fallo judicial en noviembre de 2019. La estrategia de anticipación no le funcionó y Juan Manuel Moreno Bonilla, con el peor porcentaje de votos para el PP en la historia de la autonomía andaluza, se topó con la carambola de poder materializar la primera alternancia en el poder desde el Palacio de San Telmo.
Y el cuarto adelanto es obra de Moreno Bonilla, cinco meses antes de la fecha reglamentaria a finales de noviembre de 2022. Busca la reelección gracias a convertirse en el partido más votado, y a disponer de suficiente ventaja para ser investido presidente de nuevo, capitalizando también para la papeleta del PP la labor realizada en el gobierno de coalición desde las consejerías de la Junta encabezadas por personas designadas por Ciudadanos; anticipándose a un posible rebrote del crecimiento de Vox, que busca pescar en el río revuelto del descontento social si se cronifica durante muchos meses la espiral inflacionista; y a reducir el margen temporal para la reorganización de la izquierda, pues el nuevo candidato del PSOE, Juan Espadas, aún es poco conocido en todos los territorios andaluces, y en la izquierda todavía no se han puesto de acuerdo para concurrir juntos con una candidatura que aglutine a Adelante Andalucía, Podemos, IU, Más País, Andaluces Levantaos, Equo, etcétera.
La Administración autonómica andaluza está funcionando desde el 1 de enero de 2022 con un presupuesto prorrogado que emana del pensado y aprobado en otoño de 2020 para el ejercicio 2021. Eso no tenía que haber sucedido. Es un handicap para la sociedad, gobierne quien gobierne y en cualquier año. Pero más aún cuando era planear un año de revitalización económica tras lo peor de la pandemia covid, con el reto de gestionar bien y rápido los primeros fondos especiales europeos. Los 109 parlamentarios andaluces, que encarnan la escenificación de la estrategia de desacuerdo y confrontación urdida desde las cúpulas de los partidos, no han representado correctamente a sus votantes cuando dejaron que encallara y se tirara a la papelera el presupuesto elaborado para 2022. Sin duda, la ciudadanía, sea cual sea su ideología y su político preferido, en su inmensa mayoría se hubiera puesto de acuerdo para permitir la aprobación de los presupuestos. Porque va de suyo garantizar el normal funcionamiento de las instituciones. Porque cualquiera aspira a la certidumbre de que si abre un grifo va a salir agua, y si activa en la pared un interruptor se encenderá la luz. Vox fue el principal causante del veto, pero los demás podían y debían haberlo evitado. Aprendamos de Francia, donde cuando está en cuestión algo esencial para la estabilidad del Estado, la izquierda de Melenchon pide a sus millones de votantes que apoyen al liberal Macron. Al igual que años antes la derecha de Sarkozy votó en favor del socialista Hollande para derrotar a Le Pen. Por eso lo que se espera del sentido de la responsabilidad de los elegidos por el pueblo es que propongan, negocien, regateen, cedan, presionen, pacten a última hora, pero no jueguen a que da igual en un contexto de enormes incertidumbres sanitarias, económicas y geopolíticas disponer de un presupuesto nuevo que apañarse con uno prorrogado.
Llega la competición por el voto y aunque el ambiente mediático tiende a exacerbar la discordia y rasgarse las vestiduras, mi perspectiva es la contraria: señalar la necesidad de consensos esenciales, que son compatibles con la divergencia entre partidos cuando se hace seguimiento a las promesas o a la gestión de los recursos públicos. Aquí condenso en 10 propuestas las muchas que deben plantearse para que todos los partidos en busca del voto andaluz se pongan de acuerdo con normalidad a la hora de apoyar lo mismo:
1- Consiga quien consiga ser investido presidente en otoño, todos los partidos han de comprometerse ya a que en Andalucía habrá presupuesto nuevo el 1 de enero de 2023. Les guste más o menos, hayan logrado incluirle más o menos enmiendas.
2- De igual modo, para acabar con planteamientos anacrónicos y para acompasarse con la sociedad a la que sirven, todos los partidos ya pueden pactar que al inicio de la próxima legislatura acordarán la reforma del reglamento del Parlamento andaluz con el fin de ser pioneros en establecer que funcionará los 12 meses del año. Con sesiones, comisiones y plenos durante 11 meses y con una diputación permanente como retén del poder legislativo durante agosto.
3- Antes de comenzar oficialmente la campaña electoral, todos los partidos pueden adherirse al compromiso de que las próximas elecciones andaluzas tendrán lugar en junio de 2026. La sociedad andaluza necesita las certidumbres básicas para su funcionamiento. Y una de ellas es saber con mucha antelación cuándo la Junta de Andalucía, la mayor empresa de la comunidad, pasa temporalmente al modo administración pública en funciones.
4- Superar los provincianismos cainitas y respaldar conjuntamente las candidaturas promovidas desde diversas ciudades andaluzas para proyectos de envergadura ante los que objetivamente son idóneas. Por ejemplo: la candidatura de Granada para ser Agencia Estatal de Inteligencia Artificial. La de Málaga para ser sede de la Exposición Internacional de 2027. La de Sevilla para acoger la Agencia Española Aeroespacial.
5- Pactar que la principal inversión en infraestructuras durante 2023 en los municipios pequeños de todas las comarcas andaluzas es implantar el equipamiento de la tecnología 5G en telecomunicaciones. Es la mejor opción, y en muchos casos la única, para evitar el hundimiento demográfico y el empobrecimiento general. Para poder formar parte del mercado global, para poder aspirar a todos los servicios digitalizados (telesanidad incluida), para la revitalización del medio rural con población dispuesta a teletrabajar y emprender. Y mantener ese rumbo aunque sea un recurso invisible, aunque la inercia de numerosas autoridades, colectivos y personas sea estimar y presionar que lo prioritario para congraciarse con el vecindario es arreglar lo que se ve más fácil: baches, aceras, etc. El 5G es el ser o no ser.
6- Llegar a un acuerdo con la Comisión Europea y el Parlamento Europeo sobre la gestión de los recursos hídricos en Doñana y su entorno, con el apoyo de todos los partidos. Andalucía no se puede permitir que, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que condena a España por no proteger los acuíferos subterráneos esenciales para la biodiversidad de Doñana y alrededores, que están siendo esquilmados por explotaciones agrarias usando ilegalmente el agua, las instituciones comunitarias sancionen y penalicen todo lo relacionado con una reserva natural de fama mundial y con la reputación de los agricultores que sí cultivan y gestionan los recursos de forma legal. Los agricultores decentes necesitan el apoyo de todos los partidos para crear marca de calidad, para diferenciarlos de los ilegales, y para evitar que las fresas y los frutos rojos sean demonizados por la opinión pública europea y por las cadenas de supermercados.
7- Multiplicar por dos la oferta de plazas para la formación de personal médico y de enfermería, cuya calidad se alcanza después de muchos años de preparación. La carencia de suficientes profesionales ya es escandalosa, y si no se remedia de inmediato puede ser dramática dentro de 10 años, pues el 46% de los actuales médicos andaluces tiene más de 55 años y es probable que muchos se jubilen para entonces. O hacemos eso lo más pronto posible, o se deteriorará rápidamente todo el paradigma de la calidad de vida en Andalucía.
8- Sistematizar la rápida adaptación de todos los centros educativos andaluces con oferta de cursos de Formación Profesional a los planteamientos de la nueva Ley de FP que ha entrado en vigor el pasado mes de marzo, en aras a que todos se basen en el modelo de la FP Dual, con formación en las aulas y en el seno de empresas, mediante coordinación entre docentes y mandos intermedios de las compañías. Es la vía para incorporar mejor y más rápido a amplios sectores de la juventud hacia los conocimientos y habilidades que son inherentes a multitud de perfiles profesionales para los que falta mano de obra cualificada. Fundamental para romper el círculo vicioso del enorme paro juvenil y de la debilidad de excesivo número de pymes con poco personal bien cualificado en las nuevas tecnologías que sustentan la competitividad.
9- Cuadruplicar el número de empleados públicos recualificados para la gestión de fondos europeos y de proyectos internacionales, así como duplicar el número de expertos en tramitación de grandes proyectos de inversión. Todo ese gasto en formación y en personal es irrisorio en comparación con la enorme cuantía de dinero público y de inversión privada que podemos dejar de captar e implementar si no llegamos a tiempo en la articulación de licitaciones, concesiones y evaluaciones. El riesgo existe. En toda España. Tanto en lo que es de competencia estatal como en autonómico y local. Cualquiera que hable con personas dedicadas a ello desde instituciones y entidades te confiesa la preocupación por este problema.
10- Y como décima propuesta, permítanme una que, en comparación, es de muchísima menor enjundia, pero que tiene su valor simbólico: pacten todos los partidos una moratoria para que en la concesión de Medallas de Andalucía no se incluya a nuevos cantantes o cantaores hasta que no hayan recibido el galardón el mismo número de científicos, médicos, empresarios, fundadores de ONG, ingenieros,... En cualquiera de esos ámbitos, la cantidad y calidad de talentos andaluces que cada año emergen y sobresalen a nivel internacional es muy superior al de artistas de la voz. El desequilibrio en los 28-F es tópico y anacrónico. Y para cantar o tocar el Himno de Andalucía durante la ceremonia en el escenario del Teatro de la Maestranza no hace falta ni ser famoso ni recibir una medalla.