Un 21% abandona sus estudios
El texto borrador de la Ley Castells constata que casi el 45 por ciento de la población entre 30 y 34 años está en posesión de un título de educación superior. Sin embargo, ”un análisis más detallado de dicha evolución indica que en las dos primeras décadas del siglo XXI se produjo un estancamiento en la progresión de acceso a las universidades públicas con caídas en determinados cursos”. La causa se deriva de la crisis de 2007-2008 con la reducción del apoyo presupuestario a la universidad, la elevación de las tasas, el empeoramiento de la situación laboral de los profesores y el estancamiento de la renovación de plantillas.
En concreto, el amplio preámbulo del proyecto de ley indica: “En este punto, debe subrayarse que la crisis económica iniciada en 2008 planteó desafíos inéditos a todas las instituciones educativas, sometiendo, especialmente a las universidades públicas, a tensiones y limitaciones presupuestarias cuyos efectos persisten hasta la actualidad. El aumento de las tasas universitarias desde el curso 2012-2013, la insuficiente financiación pública, las disfunciones en la configuración de su profesorado reflejado en bajas tasas de reposición, la precarización y el envejecimiento de las plantillas universitarias, así como la profundización de las desigualdades sociales, han puesto en riesgo la sostenibilidad y la calidad del sistema y el acceso igualitario del alumnado a los estudios superiores. La tasa de abandono es elevada, situándose en torno al 21 por ciento. Adicionalmente, cabe subrayar que tan sólo el 36 por ciento del estudiantado finalizó sus estudios en el tiempo teóricamente asignado a sus programas”.
Un profesorado envejecido
En el país donde el señor Castells ha desarrollado gran parte de su trabajo como profesor, Estados Unidos, puedes encontrarte con insignes docentes e investigadores que imparten clases, dirigen investigaciones y publican libros de referencia y artículos científicos habiendo llegado a los 80 y más años. En la universidad española nos jubilamos con 70 años y, como mucho, te nombran, ya jubilado, profesor emérito durante dos o tres adicionales en los que eres más un adorno que un profesional universitario. Una generación de millennials y similares, bastantes de ellos con más engreimiento que competencia profesional, ha tomado las riendas de las facultades, casi ninguno de ellos supera a sus maestros en curriculum ni llevan camino de superarlos pero no vacilan en llamarlos, en llamarnos, “dinosaurios”.
Castells, que sería uno de esos “dinosaurios”, está preocupado por el envejecimiento del profesorado. Claro, como lo estamos los propios “viejos profesores”, lo cual no tiene porqué significar que el remedio sea mejor que la enfermedad como tampoco lo es por fuerza tener que medir a los profesores por su sexo y no por sus conocimientos, a pesar de que el anteproyecto de ley establezca que “persiste, en ciertas áreas, un evidente sesgo de género entre el personal, sobre todo en sus escalones superiores”. ¿Esto qué significa, que salvando el sesgo aumentamos la calidad docente e investigadora?
Pero las cosas son como son, ya caerán por su propio peso. Sobre el envejecimiento de la universidad, el anteproyecto recoge: “el sistema universitario de nuestro país cuenta con una plantilla funcionarial notablemente envejecida, en especial en las categorías de profesorado Titular y Catedrático. Esta circunstancia conducirá a una jubilación significativa en la próxima década. En efecto, sólo un 1,5 por ciento del profesorado funcionario tiene menos de 40 años, y la edad media del profesorado catedrático actualmente es de 59 años. Además, una parte considerable del personal docente e investigador está afectado por un grado alarmante de precariedad laboral. Esta precariedad se manifiesta en la utilización inadecuada de figuras de profesorado como las de visitante, interino, sustituto y, de manera muy significativa, de asociado. Dichas profesoras y profesores asociados, en 2020 alcanzaban cerca de 35.000 personas, representando un 34,4 por ciento del conjunto del personal docente e investigador de las universidades públicas”.
Gran aumento de las privadas
Otro dato interesante de la futura Ley Castells es la relación entre universidades públicas y privadas. En este sentido, el texto apunta: “en 1983 estaban activas en España un total de 33 universidades públicas y 4 privadas, mientras que, en el año 2020, nuestro país contaba con 50 universidades públicas y 37 privadas y de la Iglesia Católica”. Y añade: “en las últimas dos décadas no se ha creado ninguna universidad pública, mientras que se han reconocido 18 universidades privadas. Este aumento de centros ha permitido una ampliación de la oferta educativa y ha contribuido a dar respuesta, así, al incremento de la demanda de educación universitaria. Sin embargo, los requisitos para la creación y funcionamiento de las universidades no han demostrado ser suficientes para asegurar los criterios mínimos de calidad”.
La autocritica
Naturalmente, Castells denuncia que “entre 2009 y 2018, el gasto en educación universitaria se redujo un 10 por ciento. Es decir, se redujo el doble que el gasto general educativo y tres veces más que el gasto en educación no universitaria”. Lo que no dice es el significado del aumento de las universidades privadas. Una de las causas es la merma de calidad en las universidades públicas y de eso no siempre se le puede cargar toda la culpa a las rebajas en los presupuestos sino que hay que llevar a cabo una intensa autocrítica y tomarse muy en serio que en muchos centros de la universidad pública no preparamos bien a los estudiantes para entrar en un mercado de trabajo tan complejo y exigente como el actual. Yo pongo como primer ejemplo el que llevo observando durante 30 años como profesor más toda mi preparación previa: en las facultades de comunicación no enseñamos adecuadamente lo que exige la ley para que nuestros estudiantes puedan empezar a insertarse en el mercado. Para comprobarlo, no hay más que preguntarles a los estudiantes, a los profesores no acomodados y a los empresarios.
Esta entrega ha tenido sobre todo un contenido descriptivo, en otra prometo ceñirme exclusivamente a una crítica de contenidos incoherentes y poco científicos que contiene el anteproyecto de ley.