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La Tostá

El Gobierno y la libertad de expresión

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Manuel Bohórquez @BohorquezCas
01 abr 2021 / 09:56 h - Actualizado: 01 abr 2021 / 09:59 h.
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  • El Gobierno y la libertad de expresión

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Que la democracia más importante del mundo, como es la de Estados Unidos, considere que en nuestro país esté en peligro la libertad de expresión es de una gravedad irrefutable. Sobre todo que desde el propio Gobierno se ataque a medios de comunicación y se señale a profesionales del periodismo que suelen ser críticos con la gestión del Ejecutivo. En el informe anual sobre derechos humanos (DDHH), que elabora el Departamento de Estado de este país, salen los nombres de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, presidente y exvicepresidente del Gobierno, respectivamente, con casos puntuales de ataques verbales a medios o profesionales de algunos de estos medios, como cuando el líder de Podemos amenazó con llevar a un periodista a la cárcel por publicar información sobre su partido o cuando el mismísimo presidente acusó a los medios conservadores de “agitar a la sociedad”, tras fracasar en unas recientes elecciones. Nunca en lo que llevamos de democracia había estado tan en entredicho la libertad de expresión en nuestro país, hasta el punto de que una nación como Estados Unidos nos saque los colores. Pero al margen de casos puntuales de ataques a medios o periodistas desde el Gobierno, solo hay que revisar la hemeroteca para comprobar que hay partidos, como Vox, donde vetan a medios o profesionales a sus mítines, y tertulias televisivas a las que van politólogos colocados por determinados partidos para que digan lo que les dicen que tienen que decir, como reconoció un día públicamente el socialista Antonio Miguel Carmona, con tan mala suerte de que había una cámara grabando. Lo vemos también en las redes sociales, donde eres atacado diariamente por cuestionar al Gobierno o a algunos de sus ministros. Hay ataques diariamente a periodistas que son duros con Podemos o con Vox, da igual el partido. Y no hablemos del acoso de determinados medios a Pablo Iglesias o Isabel Díaz Ayuso, que roza el delito. Ni de que el Gobierno financie a medios y ejerza un enorme control sobre los propios medios públicos, en los que se practica la censura de una manera descarada, como ocurre en Radio Televisión Española. No se puede hablar de calidad democrática en nuestro país, pues, con este plan.


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