Felipe de Borbón y Grecia es a efectos civiles hijo de Juan Carlos y Sofía, pero a efectos políticos es hijo de la Constitución de 1978. Y lo está demostrando con los hechos. Antepone la defensa de la legalidad democrática y del mandato ciudadano por encima de los intereses y avatares de su padre, de su cuñado y de una de sus hermanas. Como Jefe del Estado, está tomando decisiones sin precedentes en la Historia de España para situar el listón de la ejemplaridad, y de la igualdad ante la ley, muy por encima de donde lo hemos tenido el común de los españoles. Ni movió los hilos del poder fáctico para evitar que Urdangarín fuera condenado y encarcelado, ni ha orquestado maniobras para conferir impunidad procesal de por vida a las escandalosas movidas monetarias de su antecesor. Con Felipe ejerciendo sus funciones constitucionales, sube enteros su legitimidad al frente de una democracia avanzada porque vamos a asistir a lo nunca visto en nuestro país: requerimientos e investigaciones judiciales sobre conductas y dineros de un ex jefe del Estado. Que además era rey. Y para más inri es su progenitor.
La monarquía parlamentaria va a seguir siendo el modelo preferido mayoritariamente por la ciudadanía para articular un régimen de derechos y libertades, y ello por dos razones básicas: porque en su cúspide no hay una familia de intocables sino un impulsor de la regeneración institucional predicando con el ejemplo allí donde tiene más competencias, que es en la Casa del Rey; y porque no hay una alternativa mínimamente seria que plantee un sistema republicano uniendo voluntades de todo tipo de sectores sociales y políticos.
Si la iniciativa republicana se basara en el espíritu de reconciliación y convivencia que propició desmontar la dictadura franquista, y se argumente como un sistema más democrático y eficiente para gobernar España sea cual sea el sesgo de la persona que gane las elecciones presidenciales, entonces ganaría adeptos. Igual que en 1975 apenas había monárquicos pero en tres años cambiaron las tornas porque el pueblo constató que un rey ponía en común a la España de Fraga y a la de Carrillo para encauzar el país hacia la normalización europea. Felipe ha entendido, en un contexto nacional de crisis y desencanto, que su legitimidad se tiene que basar en la fuerza de los hechos. Su reinado no está garantizado por el factor hereditario sino por los méritos que acredite liderando el desarrollo de los valores constitucionales. Cuando se modernice la Carta Magna, sin duda se incorporarán precisiones para limitar la protección jurídica de la figura del Jefe del Estado, y acotar en qué debe ser inviolable por su faceta institucional en ejercicio, y en qué está sometido a la rendición de cuentas por sus acciones particulares tanto cuando está al frente de la nación como a posteriori si abdica.
Felipe tiene todas las de ganar, por mucha marejada y bochorno que van a causar las tropelías pasadas de su padre con Corinna prostituyendo el honor de España. Sobre todo mientras la clase política actual continúe siendo percibida en su conjunto como un problema, que, con su mediocridad, amoralidad y estrategia de confrontación continúa deteriorando la reputación de las Administraciones Públicas. Y mientras los presuntos valedores del republicanismo sean en realidad agitadores de falsos mitos que no son demandas de la ciudadanía, como hace Teresa Rodríguez proponiendo un referéndum para la soberanía republicana de Andalucía que no suscita consenso ni dentro de Podemos.
Es imposible que el republicanismo se abra paso en serio mientras el país sea un reino de presuntos republicanos que no aplican el mismo rasero con Jordi Pujol y su familia. Saquearon las arcas públicas, escondieron el dinero en paraísos fiscales y urdieron que un hijo fuera su heredero al frente de la Generalitat catalana. Sistematizaron la imposición supremacista de unos catalanes sobre otros. Esas son las bases de un nefasto y ultramontano modelo político con el que son cómplices, por activa o por pasiva para ocupar las poltronas del poder, no solo Torra, Junqueras, Rufián o Colau, sino también Sánchez e Iglesias, que lo han blanqueado a cambio de tener sus votos para su investidura conjunta. Ello está en las antípodas de la ética republicana, de la 'res publica' que es ley y conducta en las mayorías de Portugal, Francia o Alemania.