En estos días, estamos asistiendo al show de la elección de los representantes “políticos” en diversos Estamentos, entre ellos, nada menos que el Tribunal Constitucional.
En primer lugar, no hay que desdeñar per se el modelo de nombramiento de Jueces en España, que se rige por el mérito y la capacidad. Ser Juez en nuestro país, conlleva un largo proceso de estudios, formación y preparación, que garantiza que quienes acceden a la carrera judicial, sean los mejor puntuados en un sistema objetivo de méritos.
Sin embargo, cuando se trata de ascender en el escalafón, todo cambia; y rigen consideraciones discrecionales, que dimanan de la utilidad o conveniencia del gobierno de turno.
Así las cosas, aparentemente un Juez será más independiente, conforme su ambición sea menor. Esto es, aquellos Magistrados que se “conforman” con su labor jurisdiccional y aman lo que hacen, resultan menos proclives a la influencia partidista, y así surgen modelos de Jueces independientes como Mercedes Alaya.
Es más, quienes postulan que la elección de Jueces sea por el pueblo, olvidan que tal sistema imperante en Estados Unidos, parte de la previa financiación de sus campañas electorales, precisamente por Despachos de Abogados, Entidades financieras, y/o Aseguradoras.
Es remarcable que, por ejemplo, en la carrera para la designación del Presidente del Tribunal Supremo de Wisconsin, ambos candidatos invirtieran cifras superiores al millón de dólares.
En esta ocasión, ha sido el Partido Popular de Pablo Casado el que ha protagonizado las escenas más dantescas, al vetar a la Jueza Victoria Rosell o al Magistrado de Prada, lo que ha impedido la fructificación del “pacto”.
Mientras el Partido Popular obsta su elección, no se sabe si por feministas o por “radicales” –qué palabra tan pervertida de su origen etimològico-, resulta que Casado propone como Magistrado del Tribunal Constitucional a Enrique Arnaldo.
Y comprobando la trayectoria de éste, en la que, respetando naturalmente la presunción de inocencia, según diversas publicaciones, presuntamente contrató al que fuera Presidente de Baleares Jaume Matas en su Despacho, previo encargos al mismo; o supuestamente sus conversaciones fueron interceptadas por la Guardia Civil, cuando con Ignacio González, ex Presidente de la Comunidad de Madrid, se dedicaban a mover ficha dialéctica sobre la conveniencia de que Moix, (después cesado por supuestas empresas en Panamá), fuera nombrado (como lo fue) nada menos que Fiscal Anticorrupción. A él debemos al parecer que el delito de conducción bajo la influencia del alcohol, deba ser acompañado de dolo cuando de un Magistrado de alta condición se trata y no así en un ciudadano normal. Esto ocurrió con relación al actual Consejero de Justicia de Madrid, Enrique López, al que parece ser defendió.
Seguramente estas informaciones sean exageradas; me limito a reproducir titulares de prensa. Lo preocupante no es sólo que el Sr. Arnaldo puede ser intérprete de la Constitución, sino que sea asesor de Casado. Si este es el Plan PP para la Justicia, habrá que salir corriendo, no sea que nos ocurra lo que a Pedro Pacheco. Como decía el socialista Prieto en la II República, hay que invertir en las escuelas y en las cárceles. De las primeras venimos, en las segundas, nunca se sabe si acabaremos.
En esto, como en otras cuestiones, se impone otro modelo de elección de representantes de los Jueces. ¿Qué tal el sorteo puro entre todos los integrantes de la carrera judicial?
Así las cosas, y sin que sirva de precedente, estoy con Vox (juraré que esto nunca lo escribí) y sí, gritaré con ellos cuando cierren en breve el acuerdo judicial, “que se besen” “que se besen”.