Sube el precio de la cesta de la compra alimentaria y baja el precio de la compra de votos. La inflación está de mírame y no me toques en los estantes de frutas, hortalizas y verduras. En los municipios de España donde se buscan a personas desestructuradas o desarraigadas para que voten lo que se les diga a cambio de dinero, las cuantías que se ofrecen son miserables. Votos a 50 euros, o 100, o 200. Retrato de la precariedad cronificada. La exclusión social como territorio fértil para repartir papeletas y aprovecharse de quienes no se sienten ciudadanos sino supervivientes en la cuneta de un sistema en el que no confían, gobierne quien gobierne, para salir del hoyo.
En esta jornada de reflexión, en un país tan poco reflexivo, pongo el foco sobre una cuestión relevante que se ha destacado poco estos días. Escuchas telefónicas policiales autorizadas judicialmente para investigar tramas de tráfico de drogas son las que casualmente han destapado en Melilla y Albudeite (Murcia) la búsqueda de personas a las que pagar para que participen en las elecciones municipales haciendo de correa de transmisión de votos de una determinada candidatura. Cuando las investigaciones avancen, se podrá colegir si estos casos son absolutamente excepcionales o si la industria de la droga es parte interesada en más lugares de España para financiar los amaños e intentar influir en la investidura del poder local.
Hoy mismo deberían salir a la palestra representantes de todos los partidos que actualmente tienen escaños en el Congreso y en el Senado, para proclamar un pacto por el que, con carácter urgente, la próxima semana, se presente en el Parlamento una propuesta consensuada de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General con el fin de reforzar los controles sobre el voto por correo. Es un sinsentido que no se solicite identificación en el último paso del proceso, que es el más trascendente, cuando se acude a la oficina de Correos a llevar el sobre cerrado con el voto para su envío al colegio electoral. Hay que garantizar, con nombres y apellidos, que solo se pueda hacer una vez, presentando el DNI, y para un solo voto.
Los tentáculos de la industria de la droga son muchos y muy variados. Abarcan desde la actividad en oficinas de las más caras por metro cuadrado al vivaqueo en chabolas. Se afanan en intentar corromper o extorsionar a policías, guardias civiles, jueces y otros profesionales de la función pública. Están encantados con urdir complicidades junto a personas sin escrúpulos que buscan servirse de la política y de los partidos políticos para hacer de los cargos una tapadera de negocios inconfesables, ya sean de mucha o poca monta.
No solo tenemos que defender la democracia en toda España respecto de las 'fake news' que nos lanzan tanto desde los países más poderosos como desde contubernios más de andar por casa. No solo hay que defender Melilla de los deseos del Rey de Marruecos por desestabilizar y manipular
sus instituciones con apariencia de soberanía popular. También hay que reforzar las garantías democráticas antes y después de las votaciones, tanto en las urnas como en la evaluación y control de las políticas públicas, las decisiones administrativas y el manejo de los presupuestos, para evitar que blanqueen prácticas mafiosas en las que no se pagan 50, 100 o 200 euros, sino miles, cientos de miles o millones de euros. En la corrupción se tiene muy claro qué es lo barato y qué es lo caro.
