Es una tradición muy injusta. El sometimiento de muchos agricultores y ganaderos a vender sus productos por precios irrisorios a las empresas de distribución que dominan la cadena agroalimentaria es un lastre que padecen desde que tienen uso de razón. Si ahora la mayoría social urbana, y los partidos políticos, se han enterado de su hartazgo y lo relacionan con la resignificación identitaria de la España rural, no es por novedoso sino porque, como todo proceso de deterioro, llega un momento en que la gota colma el vaso del desequilibrio y colapsan las precarias bases de supervivencia.
Tamaño ventajismo para imponer la ley del embudo como cronificada estructura de funcionamiento tiene en España una baza extra, respecto al contexto de los principales países europeos: la gran mayoría de los productores agrarios españoles aún no han conformado grandes cooperativas para poder negociar el precio en mejores condiciones con sus interlocutores, que sí pertenecen a organizaciones empresariales muy fuertes y con capacidad de comprar cosechas en países de varios continentes. No culpen al cambio climático de que no haya ninguna cooperativa española entre las 50 europeas con más facturación, pese a que España es una potencia en volumen de producción. Las grandes cooperativas holandesas, danesas, alemanas, etc., consiguen para sus agricultores y ganaderos asociados un nivel de precio de venta y de margen de beneficio con el que otro gallo cantaría en muchas comarcas españolas ahora avejentadas y deprimidas. Urge seguir ese ejemplo y acelerar alianzas societarias que dejen atrás atávicos personalismos y provincianismos.
La solución de esta cíclica desigualdad entre el campo y el supermercado también puede ser favorecida con un cambio de comportamiento por parte del conjunto de la ciudadanía en tanto que compradores de los alimentos que consumimos. No somos condición suficiente para el reequilibrio de la transferencia de rentas pero sí condición necesaria como factor corrector a tener en cuenta por quienes mandan en el negocio, pues analizan continuamente los comportamientos sociales para persuadir al público en la dinámica oferta-demanda. Y en España, por desgracia, es demasiado extenso el porcentaje de población, y se da en todas las clases sociales, que tiene descolocada la escala de valores en las prioridades para organizar en qué y cómo gasta su dinero para alimentarse. Presumimos de cultura gastronómica pero ya somos el cuarto país europeo con más tasa de obesidad infantil. Sale carísimo curarse de la falsa comodidad de la 'comida rápida', por olvidar que tan rápido como nutritivo es comer fruta.
El 90% de la producción en España de la denominada agricultura ecológica se vende fuera del país. Tiene garantizada su exportación a Alemania, Francia, Reino Unido, Suiza,... Eso no sucede solamente porque sean sociedades con mayor promedio de habitantes con alto poder adquisitivo, sino porque su nivel de educación, información y concienciación les ha llevado a considerar más necesario prestar atención a la hora de elegir qué alimentos compran y comen. En cambio, todas esas ricas naciones son superadas desde hace diez años por España en otro consumo: la adquisición de 'smartphones'. Singapur es el único país del mundo al nivel de España encabezando el porcentaje de 'teléfonos móviles inteligentes' por número de habitantes. Y ese furor español, especialmente proclive a dotar de móviles a menores de edad mucho antes que en otros países, se aceleró cuando más dura era la la recesión económica, la subida del desempleo, el aumento de la pobreza.
Qué formidable cambio habría en España si el común del vecindario, tenga poco o mucho dinero, aplicara el mismo criterio de valoración cuando compra comida y cuando compra dispositivos tecnológicos.