Dicen la alcaldesa de Madrid y sus concejales que la huelga sanitaria “es una huelga política”. ¿Serían capaces de aclararnos qué no es política? Si por política entienden ellos el concepto restringido de que sea exclusivamente la acción de los partidos, la huelga evidentemente no es política. Pero si la política se entiende en sentido universal, como realmente es, no sólo la huelga: entrar en el supermercado es una acción política. La huelga no es política en el sentido estricto de acción parlamentaria o de partidos. Por lo demás, toda acción humana es una acción política. Ellos la acusan de “política” con el objetivo de desprestigiarla, aduciendo que su objetivo no es realmente sanitario. Pero en el fondo todo prueba que los políticos profesionales se consideran a sí mismos distintos, especiales y quisieran que la política no fuera una actividad universal, para así ellos ser únicos. La huelga, en puridad, es neta y exclusivamente sanitaria aunque la reclamación, como no puede ir dirigida a las autoridades de El Congo, va dirigida a las de Madrid, las responsables se la situación de la sanidad en esa Comunidad, como en Andalucía el responsable es la acción política y dentro de ella la sanitaria, del gobierno presidido por el señor Moreno. El vendedor, que hoy vende muy bien la idea de moderación y empatía, pero es tan empático que su ideal está en vender la sanidad, en bloque o troceada. Por eso la desatiende, se alargan las citas y todo lo quieren resolver con las urgencias, cada vez menos urgentes porque cada vez están más masificadas con menos médicos.
Los políticos profesionales, por tanto, reclaman la política como una actividad propia y exclusiva sin tener en cuenta que la política abarca a todo. Pero Feijoo habla como Garamendi y Garamendi como Feijoo. A ambos les preocupa especialmente el aumento del beneficio empresarial. Para ambos el beneficio es un derecho, pero repartir una parte de ese beneficio entre quienes le permiten obtenerlo es un esfuerzo “imposible”. Los iguala su fobia a que los sueldos y pensiones se acerquen al coste real de la vida. Los iguala su indiferencia ante las necesidades de quienes permiten a los empresarios obtener los buenos beneficios que están obteniendo y —para ellos— es imposible elevarlos un mínimo porcentaje, siempre inferior al de ese beneficio. Garamendi y Feijoo, en defensa de sus intereses personales, siguen contra el trabajador. Se niegan a aceptar que si los precios suben ¡hasta el 80% en este caso!, para que la empresa iguale sus beneficios, es lógico equiparar sueldos y pensiones. Teniendo en cuenta que el 80% de mil son 800, pero el de diez mil son 8.000, por más que se igualen en porcentaje siempre saldrán ganando. A pesar de todo niegan a los demás su derecho a percibir una pequeña parte del aumento de beneficio.
Con estos valores, que Garamendi y la alta cúpula empresarial apoyen al PP sigue sin resultar favorable, ni útil para España, pero sí coherente. Con esos valores. Cuando el empresario ajusta sus precios de venta está aumentando su beneficio, que todavía es mayor si no comparte, al menos una parte, con sus empleados. Lo incoherente es que el PP y Feijoo puedan recibir apoyos de las clases bajas, en contra de quienes se han situado de forma absoluta.