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EFE
En esta columna, me dedico mayormente a divulgar asuntos sobre cuestiones jurídicas y algunas distintas para refrescar de vez en cuando, pero huyo de politizar porque no me gusta. Con frecuencia, lamentablemente los terrenos se pisan y es hoy difícil hablar de la reforma de la sedición y de la ley del “Solo sí”, sin entrar en el fango político. Por eso he dejado pasar un tiempo a fin de que los tribunales aclaren un poco y podamos verlo desde un prisma jurídico.
Como lazarillo en este caso, me sirvo de Felipe González. Felipe ha sido jurista, y desde el ejecutivo, ha convivido con el poder legislativo que elabora las leyes, y el judicial que las aplica y las hace cumplir. Además, es paisano, así que con él me entiendo.
La mayoría actual del Congreso (que coincide con la postura del gobierno actual al que sostiene) rechaza de momento, revisar la ley del “sí” (permítanme abreviar, que El Correo me riñe si me extiendo) y espera que el Tribunal Supremo termine de fijar doctrina, a ver que pasa. Y el Supremo ha dicho que nada, que ira viendo caso a caso, pero no le va a hacer el trabajo al parlamento.
Felipe González, considera que la ley del sí está «mal hecha», y ha instado al gobierno a proponer su modificación. (Cosa muy diferente de lo que se ha hecho: incluir una recomendación como pellizquito de monjas, en una exposición de motivos no vinculante, o sea, nada).
Ha dicho -y coincido- que «puede haber jueces -hombres y mujeres- machistas y no; primeros ministros machistas y no machistas, pero lo que hay es una factura muy defectuosa de esa ley».
Y ahí lo ha dejado en suerte. Esta vez no ha sido ambiguo, como suele ser, sino todo lo contrario. Ha dicho -y vuelvo a coincidir- que una mala sentencia puede darse en un tribunal, incluso una sentencia desviada también a veces, porque ya les digo yo, que extraviados y extraviadas con toga, haberlos haylos, desde el más humilde abogado, al máximo magistrado. Ahora bien, una cascada de resoluciones en la misma línea, no es una excentricidad, sino un defecto estructural de la norma, que hace converger en el mismo criterio a muchos jueces dispares. ¿Tan difícil es incluir, una disposición transitoria, que sujete un poco esta diáspora de rebaja de penas o de puestas en libertad de estos delincuentes? ¿Qué pasa, que el ego puede más que el objetivo final de proteger a las mujeres víctimas del delito? Eso no se asimila bien. No hay opinión pública que lo tolere.
Felipe también ha hablado de la sustitución de la sedición por el delito de desórdenes públicos. Buen conocedor del entorno europeo, ha zanjado que la nueva tipificación «no tiene comparación con ninguna normativa europea». Y también coincido.
Tipificar lo que ocurrió en Cataluña, como un desorden público no se soporta. «Desórdenes públicos es ocupar una estación de ferrocarril», dijo Felipe. Lo son los atentados contra los cajeros y escaparates, o una manifestación que se salga de madre. Pero que las autoridades lleven al Parlamento Catalán, leyes de desconexión con el estado, eso, querido Watson, es otra cosa.
