Durante los tres meses desperdiciados para conformar una mayoría parlamentaria que encauce un pacto de investidura, un programa de gobierno y un cronograma de legislatura, la inmensa mayoría de los servidores públicos en la Administración General del Estado no han estado perdiendo el tiempo. Cuando Pedro Sánchez comenzó a decir a la vez que Podemos era su socio preferente y que Pablo Iglesias no era una persona de fiar dentro del Gobierno, la Agencia Tributaria ya había consumado la campaña del Impuesto sobre el Patrimonio, donde con 205.000 declaraciones se han ingresado en las arcas públicas un total de 1.115 millones de euros. Cuando Pablo Iglesias anunció que su presencia en el Consejo de Ministros no era imprescindible porque estaban negociando una vicepresidencia para otra persona (casualmente su pareja), seguía a toda máquina el proceso de gestión de la campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y de las 14.450.000 declaraciones con solicitud de devolución ya se le había transferido el dinero al 78% de los contribuyentes, un total de 7.487 millones de euros.
Mientras que los principales partidos deciden convertir el centro político en la España políticamente vaciada, como no ha sucedido en los 40 años de periodo constitucional, por anteponer el PSOE de Sánchez la lucha por la hegemonía en la izquierda, por reorientar Rivera a Ciudadanos hacia una estrategia de intentar dominar la derecha, y por el impacto en el PP de la pérdida de fieles votantes para decantarse por Vox, quienes están dando estabilidad a España son los servidores públicos que no pueden perder el tiempo. Los magistrados del Tribunal Supremo dando ejemplo de formalidad democrática en el juicio a los dirigentes secesionistas que transgredieron la legalidad que debían defender desde las instituciones catalanas. Los equipos de extinción de incendios forestales, incluida la Unidad Militar de Emergencia, y la labor de coordinación desde Protección Civil y Guardia Civil para activar rápidamente la evacuación de cualquier pueblo o urbanización e informar con criterio sobre a qué lugar deben dirigirse, para que la gente no cometa el error de encaminarse hacia donde el fuego puede horas después irrumpir como una fatal emboscada.
Los agentes de Salvamento Marítimo no han dejado de salvar la vida a miles de inmigrantes en pateras aunque sus señorías en el Congreso no se pongan de acuerdo sobre la política migratoria. La Organización Nacional de Trasplantes no va a bajar los brazos para que toda la red hospitalaria siga siendo líder mundial en la gestión de operaciones de trasplantes de órganos. Como ya es costumbre, se da poca importancia al esfuerzo de coordinación que suponen en verano la Operación Paso del Estrecho (en 2018 contabilizó 3,2 millones de pasajeros y 734.000 vehículos), o afrontar la temporada alta en los aeropuertos españoles con el tránsito de unos 60 millones de pasajeros entre julio y agosto. Estos y otros ejemplos de funcionamiento estructural han acrecentado la consideración internacional de España como un país fiable. Pero tanto los servidores públicos como el conjunto de la ciudadanía no pueden levantarse cada mañana con la sensación de que deben cumplir con sus obligaciones y convicciones a pesar de sus representantes. Eso, antes o después, por la inercia de la gota que colma el vaso, conduce a cualquier sociedad (y en Europa hay sobrados ejemplos) a elegir a representantes aún peores y más perjudiciales, que les embaucan prometiendo una política sin políticos.
Es una irresponsabilidad jugar a dejar pasar el tiempo para repetir en noviembre elecciones y estar con gobierno en funciones hasta Navidad. Sabiendo todos que en septiembre se dictará sentencia contra la cúpula del independentismo catalán, y que en octubre puede consumarse un 'brexit' a las bravas que supone la primera vez que un país abandona la Unión Europea, y nada menos que el Reino Unido. Por no abundar en otras posibles crisis que se avecinan a mayor gloria de las estrategias de Trump para renegociar todas las reglas del juego. PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos tienen que pactar en agosto el desbloqueo. Entre los cuatro. Con una geometría variable de compromisos desde el gobierno y desde la oposición.
No deben escudarse en que eso significaría 'levantar líneas rojas' o desdecirse de centenares de ataques dialécticos y escenificación de animadversiones personales de los que hay registro en video, en audio, en las redes sociales y en las hemerotecas. Precisamente por eso deben rectificar y la mayoría de los españoles se lo agradecerá. Por lo sumamente contradictorio que es el torrente de sus mensajes y declaraciones de los últimos tres años, donde hay sobrada ración de argumentario defendiendo una cosa o su contraria. Y están tan volcados en su frenético cortoplacismo que no perciben cómo la sociedad española no es tonta y se da cuenta del postureo.
Gobernar es otra cosa.