El hecho de que se discuta sobre dónde empiezan los límites de la libertad de expresión es señal de buena salud social. Quien jugó a bordear sus fronteras obtuvo el mayor de los éxitos. El autobús se hizo virtual y se viralizó, lográndose con ello que sin gastar un céntimo en gasolina el mensaje llegase a todos los rincones de nuestra geografía. Pocas campañas publicitarias han sido tan rentables en términos de presencia. Más dudas tengo en cuanto a si el objetivo de su mensaje ha calado de la forma prevista por sus ideólogos o si se ha logrado el propósito contrario, la descalificación social de sus promotores y el mayoritario rechazo del mensaje. En cualquier caso, estimo que una vez abierto el debate con tan ladina intención, se impone como réplica una campaña pública de sensibilización sobre la transexualidad que contrarreste el poso de discriminación que el autobús llevaba como pasajero. En resumen, es sano debatir sobre casi todo, los beneficios de hacerlo son siempre muy superiores a prohibir que se haga. El hacerlo con calidad debería ser el único motivo de preocupación.
Pero dicho esto, ¿debemos tolerar como sociedad democrática que se pueda decir cualquier cosa, inclusive los mensajes rayanos en el menosprecio a grupos de personas por su raza, sexo, ideología u opción sexual? Los límites al debate público deben ser también objeto de público debate. Es la propia sociedad la que de forma explícita e implícita dibuja los contornos de lo que no puede ser admitido en el mercado de las ideas. Y al realizar esta operación de deslinde se define a sí misma. Habrá pues unas sociedades más abiertas que otras, dependiendo de donde sitúen la frontera de lo que se puede o no decir. Es una cuestión de límites, quede claro, toda vez que la regla general cuando de libertad de expresión hablamos es la de máxima permisividad.
Y si llegado el caso decidimos prohibir, que quede perfectamente y plenamente justificado por qué lo hacemos. Las sociedades abiertas somos palabra y discurso. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró ajustada a derecho la condena que la justicia sueca le impuso a los miembros de una organización por haber repartido en un colegio pasquines en los que, entre otras cosas, podía leerse que la homosexualidad es una desviación y que tiene una efecto moralmente destructor sobre los fundamentos de la sociedad, además de estar en el origen de la extensión del sida. Los encausados alegaron que su discurso no pretendía generar ningún odio sobre ningún colectivo, sino dar su opinión sobre un asunto de interés público. El Tribunal Supremo sueco no aceptó el argumento. Los destinatarios eran menores y las cosas se pueden decir sin menosprecios e insultos. Un autobús sueco que también llegó muy lejos hasta que cogió dañinamente a contramano.