Aunque un ciudadano francés se sorprendería de la constante presencia de lo religioso en la vida civil española. Aunque algún ministro se encomiende a sus vírgenes y los políticos presidan celebraciones y manifestaciones confesionales, la sociedad española convive razonablemente con la Iglesia Católica y su jerarquía.
Su influencia en la sociedad española ha sido determinante en momentos clave de la historia. Ni la Constitución de Cádiz se sustrajo al protagonismo de los dogmas del catolicismo. Y la Constitución del 78 trató de abrir el camino a un concepto moderno y laico del estado sin enfrentarse abiertamente a la presencia de la Iglesia Católica en las cuestiones temporales, como es el caso de la educación o su financiación.
Pero a estas alturas, la jerarquía eclesiástica trata de encontrar su sitio en la sociedad civil. Porque es consciente de que su influencia en la sociedad española es, en gran medida, superficial. Influye en las costumbres rituales pero bastante poco en el comportamiento civil de los católicos de los que solo una minoría acude a los oficios religiosos y atienden a las pastorales y homilías de los oficiantes.
La oposición al aborto o al divorcio, por ejemplo, no calan ni en los católicos que consideran estos asuntos atinentes a su esfera privada. El común de la gente reprocha las actitudes de algunos clérigos frente a la homosexualidad, etc.
Pero lo sensato es no crear tensiones innecesarias en lo que la sociedad ya considera normalizado respecto de los hechos religiosos. Y un mínimo de prudencia también sería deseable cuando la jerarquía habla de asuntos temporales.