Ione Belarra es secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España. Y es una política torpe, mal preparada y sectaria a más no poder en el ejercicio de su trabajo como ministra. Es el paradigma del político que hace las cosas regular y las cuenta rematadamente mal causando un desbarajuste cada vez que abre la boca. Y es que querer alimentar la ideología enana y enclenque a base de anuncios que quieren ser espectaculares siendo, en realidad, una calamidad, no es el camino. Si se trata del futuro de un país como España, las majaderías sobran.
Ione Belarra dijo, en una entrevista a la Cadena Ser sobre la Ley de Vivienda (que llegará en breve), que podía avanzar que «va a producirse una reserva del 30 por ciento de todas las nuevas promociones para vivienda protegida y que de ese 30 por ciento, la mitad va a ser para alquiler social». Además, remataba la cosa lanzando un mensaje a los suyos que va de lo edulcorado a lo falso pasando por lo confuso, al afirmar que se trata de una «medida anti-guetos, para construir sociedades más igualitarias, más libres y más felices».
Por supuesto, no hace falta decir que el malestar que han generado estas declaraciones entre los promotores es monumental, no hace falta decir que el lío que generan estas declaraciones si no se ajustan a la realidad es morrocotudo y alimentan el frentismo y el clima de batalla eterna que bloquea cualquier aspiración a mejorar por parte de empresarios e inversores. Y no hace falta decir que los guetos (si es que existen) no van a desaparecer gracias al trabajo de esta mujer.
La nueva Ley de Vivienda buscará reducir los precios del alquiler y a aumentar el parque de vivienda social. Y eso está muy bien. Pero ¿obligando a destinar el 30 por ciento de las promociones a vpo? Eso dijo la ministra y los matices son esenciales aunque ella los omitió.
Hoy, la Ley del Suelo ya obliga a reservar un mínimo de un 30 por ciento de las nuevas edificaciones a vivienda protegida cuando estas se producen en suelo rural que vaya a ser incluido en actuaciones de nueva urbanización. No es ninguna novedad que esto se aplique en las construcciones nuevas en espacios en los que no había antes nada. En el caso de suelos ya urbanizados, el 10 por ciento de las viviendas de nueva construcción se reserva para vivienda social (solo si se acompaña de una reforma de la urbanización por parte del Ayuntamiento). Es decir, la señora ministra no se ha inventado el mundo, ya estaba inventado desde hace años. Eso sí, ha puesto en pie de guerra a un sector económico fundamental para la nación. Además, en la nueva Ley de Vivienda, todo esto se planteará como una opción y solo como una opción que quedará en manos de los ayuntamientos y a cambio de una compensación para los promotores. Desde el propio Ministerio de Fomento dicen que «no se puede obligar al 30 por ciento en terreno ya urbanizable dentro de una ciudad si no se compensa con aprovechamiento». Hablamos, entonces, de una herramienta y nunca de una imposición. Los acuerdos entre ayuntamientos y promotoras serán decisivos y la ley solo dejará una herramienta a disposición de las partes.
Cambia mucho lo que es en realidad respecto a lo que los políticos intentan colocar entre seguidores y simpatizantes. Y los malos políticos hacen de ello una constante que imposibilita una vida tranquila en la que la inversión no se vea atemorizada y los empresarios puedan tomar decisiones sin estar expuestos a ocurrencias y cambios inesperados y tóxicos.
Que alguien se lo explique a la señora ministra, por favor.