Si en el sumario de los ERE el interés fuera el de desentrañar los vicios e irregularidades en la concesión de unas subvenciones, el juez haría su trabajo con el sosiego que exige un trabajo de instrucción complejo.
Pero no es así. Cada auto, cada comparecencia, cada investigado son minas cuyo propósito es ocasionar un daño político grave a los afectados y al partido socialista.
Hay que ser un alma seráfica para no ver que este asunto está contaminado por la pretensión de causar sus efectos condenatorios antes de que haya una sentencia. Cosa que no ocurrirá antes de dos años.
De la presunción de inocencia ni hablamos ya a estas alturas porque es un sarcasmo.
El origen del despropósito es que la jueza instructora en vez de acudir al epicentro de las irregularidades detectadas y el posible fraude perpetrado por los que otorgaban las subvenciones de forma directa, pretendió desde el primer momento convertirse en una especie entre Savonarola y el juez de la horca, cuyo objetivo es quedar para la historia judicial española como la que instruyó una causa general contra los gobiernos socialistas de los últimos quince años.
El último de estos desatinos lo protagoniza el departamento de prensa de los tribunales anunciando la apertura del juicio oral que horas más tarde debe rectificar cuando ya la prensa ha incendiado las redacciones sentando en el banquillo, de papel, a los presidentes Chaves y Griñán.
Me ampara el derecho a la libertad de opinión y de expresión para afirmar aquí que lo sucedido me da razones para no aceptar la culpabilidad de ambos y otros consejeros, diga lo que diga la sentencia, en el caso de que no los exonere.