En Sevilla, una recalificación mal planteada llevó a que la justicia obligara a demoler una biblioteca en el Prado de San Sebastián. En Granada, bajo esas mismas pautas, creció una discoteca y una pista de patinaje donde debió levantarse un parque. Y no ocurrió nada, hasta que empezó a ocurrir, aunque habrá que ver cómo termina la peripecia judicial y política de José Torres Hurtado, el pertinaz alcalde de la ciudad de la Alhambra, cuyas ropas institucionales se reparten dos bandos de su propio partido.
La democracia consolidó el planeamiento urbanístico como un antídoto contra la especulación inmobiliaria que arrasó nuestras costas durante los años 60, a la búsqueda de suecas y del turismo familiar. Sin embargo, desde la Marbella de Jesús Gil hasta la Almería de El Algarrobico, queda claro que entre la ley y la trampa no hay demasiados metros de distancia. Algo sigue oliendo a podrido en el urbanismo patrio y en sus aledaños, a la vista de los últimos escándalos y a pesar de que la famosa crisis del ladrillo ha dejado pocas grúas en pie con las que trajinar comisiones bajo cuerda.
De cara a la parece que inevitable repetición de elecciones generales, no sería malo que los partidos redactaran un catálogo de pactos de Estado para intentar ponernos de acuerdo en cuestiones sobre las que se supone que lo extraño sería la disensión: la educación, ya saben, la salud pública, la pobreza energética, etcétera. También, la búsqueda de un antídoto para que funcionarios, concejales y alcaldes, entre otros responsables públicos, no se vean tentados por el diablo en su advocación de promotor inmobiliario con más ambiciones que escrúpulos. Ahí quizá esté la madre de todas las corruptelas que ahora llenan a los juzgados de investigados diarios y condena a nuestros corazones democráticos a una profunda desazón eterna.