En esta modesta columna de los lunes, vengo incluyendo relatos, casi siempre relacionados con el derecho -laboral sobre todo- pero no son artículos técnicos, sino de tipo divulgativo, y procuro elegir temas relacionados con alguna noticia de actualidad, lo cual me reporta que mis amigos me digan que a veces me meto en charcos. Pienso que para eso se escribe, porque quedar bien y no mojarse, es aburrido y hay muchos abonados a ese género.
No se si sabrán que ha muerto la reina de Inglaterra. Y que nuestro rey Juan Carlos I ha sido invitado a título personal a las exequias, a causa de lo cual, los altos representantes de nuestro país, desde el rey Felipe VI hasta el ministerio de Asuntos Exteriores, han vuelto a indicarnos a los ciudadanos -al menos es lo que se publica- que la condición que merece D. Juan Carlos es la de apestado. Lamentable y patética, la actitud de nuestras autoridades.
La única restricción a la libertad y la única condena que se tolera en un estado social y democrático de derecho, es la que imponen los tribunales de justicia, en su actuación conforme a la ley. La condena de destierro y de oprobio, o el linchamiento civil no se encuentran entre estos reproches. Y si una persona no es culpable de delito o de infracción legal, es inocente, y tiene todo el derecho a disfrutar plenamente de su libertad de movimientos y de residencia como le plazca. Las condenas generales del tipo “con lo que ha robado que pague”, “o en el pecado lleva la penitencia” no son admisibles en democracia. A cada infracción legal individualizada, le corresponde su reproche, también individualizado.
A Juan Carlos I -un octogenario que no está en condiciones de trabajar, ni de valerse por sí solo- se le ha privado por su hijo de cualquier recurso económico que le permita vivir de un dinero lícitamente obtenido. Por consiguiente, se le indica el camino de obtener ingresos “de cualquier forma”.
Sí, no hace falta que me lo digan, todos sabemos que tiene una bolsa repleta de oro robado, pero como ya he dicho, las generalidades no son aceptables, nos guste o no, estamos obligados a probar hechos y a sancionarlos individualmente para destruir la presunción de inocencia. Que se sepa -es lo divulgado- no tiene causas pendientes y ha cumplido conforme a derecho con sus obligaciones fiscales, reintegrando al fisco lo que le ha sido requerido. ¡Me apunto a que desde Bárcenas hasta los tipos de los ERES de Andalucia, todos los condenados por mangancia, hagan lo mismo! ¿La cárcel para que, para que nos sigan costando dinero? No, que devuelvan, como ha hecho nuestro anterior rey.
Por tanto, si ha asumido sus obligaciones legales -reintegro- y ha disfrutado de sus derechos legítimos -inmunidad- este hombre está limpio, y no es decente que se le castigue mas con el ostracismo. Si la inmunidad u otros privilegios especiales (como los aforamientos etc.) no nos gustan -a mí el primero- me parece estupendo: se derogan. Si D. Juan Carlos tiene algo pendiente ante la ley, se le repatría, y si es preciso esposado, pues esposado. Como deba ser. Si es él quien no quiere venir, que se explique porqué y al detalle. Pero paremos, por Dios. La situación no es decente. Nos denigra como país, es una persona que ha hecho también muchas cosas buenas y positivas (para mí ha sido la persona que mejor rédito como nación nos ha reportado nacional e internacionalmente desde el s. XIX al menos). Y como dijo Alfonso Guerra, si se muere en los Emiratos, España en general y su hijo en particular, haremos un gigantesco ridículo mundial.