La última imposición de la ideología de género se ha verificado mediante la aprobación, en distintas Comunidades Autónomas, de las leyes LGTBI. Se trata de regulaciones innecesarias, discriminatorias y peligrosas.
Leyes innecesarias porque las personas para cuya tutela se aprueban ya se encuentran plenamente defendidas por la Constitución de 1978, el Código Penal y el resto del ordenamiento jurídico. Ello es así porque existe un principio general de interdicción de tratamiento desigual por razón de sexo u otra condición personal. Si estas leyes alegan un fundamento inexistente es que, subrepticiamente, ocultan otra finalidad inconfesable: la realización de actos de ingeniería social por lobbies poderosos.
Además, estas disposiciones revisten un claro carácter discriminatorio. Si se reconocen derechos o cuotas específicas a un grupo exclusivo, basándonos en que tienen una determinada orientación sexual, estamos constituyendo un privilegio legal del que no disfrutan quienes no están integrados en él, contraviniendo así el principio de igualdad ante la ley y no discriminación. Esta lógica de derechos a la carta contradice el mismo concepto de derechos humanos de titularidad universal, que corresponden a todo ser humano por el mero hecho de pertenecer a la especie sin otra distinción.
Y, lo que es más grave, la nueva legislación conlleva el evidente peligro de vulnerar derechos esenciales para la democracia como las libertades de expresión, religiosa y de conciencia, el derecho de los padres a elegir la educación moral de sus hijos o las libertades de enseñanza y cátedra. Así lo demuestra el clarificador manifiesto de la Plataforma por las Libertades. La inquisición desatada ante la opinión disidente –como si estuviéramos en la Unión Soviética o la Alemania nazi- del Colegio madrileño Juan Pablo II da buena prueba de ello. Pero, tal vez, el ejemplo más palmario esté en la desaparición de la presunción de inocencia frente a una denuncia basada en los derechos LGTBI, que se trasforma así en una totalitaria presunción de culpabilidad.
La falacia es evidente: se invoca el lenguaje de los derechos para acabar con la libertad y sus derechos inalienables. Parafraseando el famoso cuento, ¿quién se atreverá a gritar que el rey pasea desnudo?