Que alguien me explique si debo hacer caso a los tertulianos y portavoces políticos que pregonan que el fraude de los ERE en Andalucía superaría los 3.000 millones de euros o si el fraude real del llamado fondo de reptiles se situaría en torno a 136 y 152 millones, entre prejubilaciones fraudulentas o subvenciones ilegales. Mucha pasta, en todo caso, pero convendría aclarar las cuentas del Gran Capitán antes de multiplicar los panes y los ERE. Aunque el latrocinio sólo ascendiera a un euro sería un disparate, pero tampoco ayuda a la causa de la justicia inflar el dirigible.
Que me lo aclaren los erólogos, pero tirando de hemeroteca, lo que me sale es que la jueza Mercedes Alaya entendía que el pufo podría alcanzar 855 kilos. Las defensas alegaron que, de dicha marca, al menos 700 millones habrían tenido que ser abonados sí o sí, de haberse realizado dicho trámite con todas las de la ley, tal y como refrendó un auto del Supremo. Mientras tanto, el PP hablaba de 1.400 millones, superando la suma tasada por la Cámara de Cuentas que habla de 1.217, basándose en la partida 31L, dotada con 721 millones entre 2001 y 2011 para ser ampliada hasta esa otra cantidad. Ese es el epígrafe al que el exviceconsejero de Empleo Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados, bautizó como fondo de reptiles. Para determinar la cantidad exacta del mangazo habría que examinar caso por caso. Según Alaya, todos los pagos eran ilegales, pero la lógica empuja a considerar que la mayoría de ellos al menos no tendrían por qué haberlo sido. De dichas cantidades, ¿cuántas fueron recibidas por sus perceptores y cuántas escaparon por las cloacas de la corrupción? Otra buena pregunta. Espero que, al paso que va la instrucción, pueda seguir el juicio oral en el centro de día de la tercera edad.