Una familia habituada a escabullirse de sus pufos y a ocultar la identidad de los verdaderos propietarios de sus bienes ha cometido la mayor insensatez de su vida al silenciar que un análisis de laboratorio detectó en alimentos elaborados y vendidos por ellos la presencia de la listeria, una bateria infecciosa y peligrosa para quien la ingiera en la comida. Con la misma actitud que determina moverse por la economía sumergida y montar negocios sin que se note la falta de preparación y de garantías, decidieron callarse la incidencia y solucionarla con osada ignorancia: limitarse a limpiar con desinfectantes sus instalaciones y máquinas, y después vuelta a empezar para producir de igual manera sus embutidos. Cuatro meses después, sin saberlo, pusieron en circulación alimentos con un elevadísimo índice de concentración de listeria.
El caso Magrudis ha de obligar por imperativo categórico a una sustancial mejora de los sistemas de inspección en las actividades económicas más relacionadas con la salud, así como reelaborar algunas normativas que dejan cabos sueltos por los que se cuela la imprudencia temeraria. Porque esta empresa se desarrolló gracias a ir descubriendo las lagunas de coordinación entre los departamentos administrativos local y autonómico, y entre quienes se dedican a la expedición de licencias urbanísticas o a la supervisión de la producción alimentaria.
En Magrudis optaron por acogerse a un procedimiento de autocontrol que está propiciado por la legislación vigente para que una empresa de ese sector pueda ir certificando la salubridad de sus comestibles mediante análisis de un laboratorio privado. En el espíritu de esa norma subyace el principio de buena fe que presupone la actitud cívica del fabricante para alertar y para dejarse ayudar cuando tiene un problema que supone un factor de riesgo para la salud de los consumidores, amén de complicar la continuidad de su negocio. Pero la familia que montó Magrudis tomó la nefasta decisión de no revelar esa verdad a las instituciones competentes y a expertos en esas incidencias porque en sus mentes lo que primaba era que no descubrieran cómo estaba operando la empresa sin tener en regla todo su historial de actividad.
A la hora de elaborar las normas y los sistemas de inspección en cualquier ámbito de la vida en común, siempre ha de tenerse en cuenta que del total de personas que vivaquean en la picaresca para sacar tajada, habrá un pequeño porcentaje de insensatos que no se autocontrolan. Y en la evaluación de políticas públicas hay que introducir cuanto antes la correlación de cuánto se ahorra invirtiendo mucho más en la contratación de profesionales para la inspección (fiscal, vial, sanitaria, constructiva, medioambiental,...) y en la convergencia tecnológica de los servicios públicos para interrelacionar sus bases de datos y sus quehaceres.
Pongan en el fiel de la balanza lo que hubiera costado estructurar los vasos comunicantes, aunando recursos humanos e inteligencia artificial, para chequear un expediente de actividad económica y sanitaria sobre la empresa Magrudis, la marca La Mechá y sus administradores. Y, por otro lado, sopesen el balance de daños irreparables (sobre todo los fallecimientos) y el perjuicio para empresarios y trabajadores de toda la industria cárnica andaluza afectada por el repentino miedo a comer cualquier carne mechada o producto similar, pese a que el 99% opera con todas las garantías de salubridad y tiene en sus plantillas profesionales especializados para fabricar alimentos mediante la correcta manipulación y conservación de cualquier materia prima y de cualquier aparato.
El caso Magrudis, condena judicial aparte, se incorpora al catálogo de los episodios nacionales en los que unos pocos pueden causar gran perjuicio a muchos.