El Consejo del Gobierno andaluz de hoy martes no lo celebrarán sus miembros a puerta cerrada en San Telmo, como es habitual, sino hartos de langostinos en el pueblo del vicepresidente, Sanlúcar de Barrameda.
La oposición se ha enfadado con la noticia porque su labor es siempre enfadarse. De hecho, el gesto por antonomasia de un político en la oposición es el ceño fruncido y el de un político en el gobierno, la sonrisa. La verdad es que puedo decir que Juan Marín, ahora segundo de a bordo del Ejecutivo andaluz y con quien tuve la suerte de charlar muchas veces compartiendo cafés vespertinos en su época de relojero en la calle Ancha, ha sido siempre un tipo sonriente.
Seguro que él recuerda como yo aquella polémica vivida entre su pueblo y Chipiona a cuenta de los langostinos. La cosa surgió por una entrevista que le hicieron a la entonces alcaldesa del pueblo de Rocío Jurado durante las famosas Carreras de Caballos de Sanlúcar. No recuerdo cómo, pero la regidora chipionera, entonces Dolores Reyes, dejó caer que los langostinos, en rigor, no eran de Sanlúcar, por mucha fama que tuviese la localidad vecina, sino de Chipiona. La discusión se alargó durante aquel verano entre sanluqueños y chipioneros, que matizaban con precisión de entendidos dónde desovaban los langostinos, si más allá o más acá del barco del arroz, hasta el punto de que la cofradía de pescadores de Bonanza declaró a la alcaldesa chipionera persona non grata. Los chipioneros decían que los langostinos eran suyos y los sanluqueños lo contrario. Solo después de semanas de estériles conversaciones, un concejal de IU, Ramón Gutiérrez, clausuró la polémica con una frase lapidaria: “Los langostinos no son de Sanlúcar ni de Chipiona, sino de quien los paga”.
Los miembros del Gobierno andaluz dijeron ayer que el homenaje que se darán hoy en Casa Bigote lo pagarán a escote. Así que no hay por qué dudar de unos políticos recién estrenados en el reto de gobernar transparentemente Andalucía. En cambio, esa excursión a uno de los pueblos más pobres de España, según el recurrente estudio de La Caixa de todos los años, que se hace desde una oficina de Barcelona adonde no llegan el olor de la economía sumergida y otros olores, me parece una excelente iniciativa que el nuevo Gobierno andaluz debiera tomar por costumbre, sobre todo porque estamos hartos de reprocharles a los políticos que gobiernen de espaldas al pueblo, sin respirar el aire de la calle.
Está bien que el Consejo de Gobierno de los martes no se haga en el Palacio de San Telmo, sino que cada semana se elija una localidad andaluza para tomar decisiones a ras de pueblo. La semana que viene podrían reunirse en la Taberna Currón de mi pueblo, o en Casa Manolo Mayo, donde los recibirían con un aliño de tomates capaces de competir con los langostinos. Y así, cada semana en un pueblo desde el que promocionar lo mejor de la tierra y desde el que demostrar que, en la era de las comunicaciones, un gobierno descentralizado y dialogante no se obsesiona con la olla grande.