Imitar los cultos externos, poner coto a las procesiones extraordinarias, hacer un seguimiento estricto del nacimiento de nuevas hermandades o velar por el normal desarrollo de las elecciones en el seno de estas corporaciones que son parte de la Iglesia y que, en la Archidiócesis de Sevilla, superan el número de 600. Estas son sólo algunas de las medidas incluidas en las nuevas Normas Diocesanas, firmadas el pasado miércoles, festividad de San Pedro y San Pablo, por el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, que actualizan las que rubricó su antecesor, el cardenal Carlos Amigo Vallejo hace ya cerca de dos décadas. En definitiva, una normativa que viene a poner mesura a la desmedida que el propio orbe cofrade, además de las administraciones y otras instituciones de la ciudad, estaba denunciando. Ni toda celebración requiere de una procesión extraordinaria –y a esto ya se le puso coto y parece que se está cumpliendo pese a tener unas excepciones que abría la puerta a cierta arbitrariedad en sus aprobaciones– ni todo culto externo puede prolongarse en el tiempo en lo que a veces parece una carrera por demostrar «y yo más».
Las procesiones de las conocidas como cofradías ilegales –usando una terminología más carnavalera que es a lo que se asemejan muchas veces– o piratas hicieron saltar las alarmas la pasada Cuaresma. A esto se ha sumado, el pasado mayo, el excesivo incremento de cortejos que requieren de la presencia policial para garantizar su normal desarrollo –corte de calles y seguridad para los que participan en él o lo presencian–. Y estas normas diocesanas, que se llevan cocinando varios años y que entrarán en vigor el 15 de agosto, día de la Virgen de los Reyes, patrona de la Archidiócesis, parece que no han podido llegar en mejor momento.
Le tocará al nuevo presidente del Consejo de Hermandades, Joaquín Sainz de la Maza, elegido el pasado jueves con un escaso margen de diferencia frente a Enrique Esquivias –63 votos a favor del ex hermano mayor de la Macarena frente a los 59 del ex del Gran Poder–, vigilar que este articulado se cumple convenientemente, así como el nuevo Estatuto del máximo órgano cofrade, aprobado en la era Bourrellier que acaba de concluir.
La nueva normativa, en la que se han implicado directamente el delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, Marcelino Manzano; el vicario general, Teodoro León, y el delegado episcopal de Asuntos Jurídicos, Antonio Vergara, incluye sanciones que contempla penas como la supresión de una hermandad, la prohibición de la salida de su cortejo procesional o la expulsión o el cese temporal de un hermano. Confiemos en que nunca haya que aplicarlas.