Alguien debería poner en su sitio a la ministra de Igualdad. El presidente del Gobierno, que ha aceptado con buen criterio la imprescindible reforma de una ley que no está funcionando, o quien sea. Las mujeres mismas, principales víctimas, especialmente las que han sufrido acoso, violación o atropello. Alguien debería decirle claramente a la ministra que, por mucho feminismo que predique, el feminismo no consiste en ningún bello discurso, en ninguna desesperada arenga contra nadie, sino en una práctica vital que busca imperiosamente la igualdad de verdad entre los hombres y las mujeres.
Hay ya más de 400 beneficiados por la ley del sí es solo sí. Beneficiados. Tipos violadores, violentos, malnacidos, incluso asesinos, que, al aplicársele la nueva ley, han visto cómo sus penas se reducían. Muchos de ellos, con un currículo espantoso, están en la calle, tan tranquilos en sus casitas. Y eso no solo es descorazonador para sus víctimas, sino para una sociedad que en su inmensa mayoría no se considera en Sodoma y Gomorra, como parecen querer pintar desde ciertos sectores cercanos a la ministra, como si, permanentemente, el problema acuciante, diario, urgentísimo de este país no fueran los disparados precios de todo que están dejando a tantas familias sin comer literalmente ya, sino el consentimiento en las relaciones sexuales que todos, desde hace muchísimo, hemos entendido naturalmente. Un problema cierto, de hecho, es que los casos que hay -que los hay, evidentemente- de violación y agresión se ven precisamente beneficiados por una ley que, en la práctica, no está funcionando como se pensó en la teoría. Puede que algunos jueces hayan sentenciado erróneamente, o que no apliquen la ley correctamente. Puede ser. Pero 400 jueces no se han equivocado en estos últimos tres meses. Algo tiene la ley que, si cualquiera con sobrada dignidad fuera ministro o ministra, estaría dispuesto a cambiar desde el minuto uno, porque el objetivo de una ministra no es ostentar ningún cargo a costa del mal que se le infringe a cientos de mujeres, sino servir a la sociedad -mujeres y hombres- con la máxima eficiencia de un estado de derecho. Y, si no, lo mejor que puede hacer es dejar de impedir que eso se consiga e irse a su casa. No es tan difícil. Es fácil, de hecho, si uno entiende que está en el gobierno para servir y, si no se sirve, el servicio se desempeña mejor en cualquier otra parte, pero no impidiendo que el gobierno pueda cambiar algo que no funciona para que las víctimas del machismo exacerbado de este país no se conviertan en víctimas dobles.
Lo mismo ha llegado el momento de dar el paso como lo dio Pablo Iglesias en su momento. No es que no pase nada, es que es sano. Pero cuando se está tan ciega como para no reconocer que una es quizá el núcleo del problema, alguien tendría que decírselo, porque así no podemos. No se trata de salvarle el pellejo al gobierno de coalición, ni de salvarle el sueldazo a esta u otra ministra que cree haber inventado el feminismo, sino de algo mucho más fundamental: se trata de salvar la dignidad, el coraje y la vida misma de todas las mujeres de este país, que valen infinitamente más que ninguna ley.
Lo está reclamando, de hecho, casi todo el país, mujeres y hombres comprometidos de corazón y sin intereses económicos ni políticos en que vivamos de veras en una España feminista. Las únicas excepciones son los violadores condenados a los que la ley les ha venido como agua de mayo y la propia ministra, que parece empeñada en demonizar a los hombres por principio y en demostrar que solo ella está en posesión de una verdad absoluta que nadie entiende. Qué triste. Y qué peligroso.