Consumidores, por definición, somos todos. Son el grupo mayoritario de la economía, afectando y siendo afectados por la práctica totalidad de las decisiones económicas públicas y privadas. Dos tercios del gasto total en la economía provienen de los consumidores. Pero son el único grupo importante en la economía que no están organizados eficazmente, cuya opinión es a menudo ignorada».
De este modo, abría el 15 de marzo de 1962, John Fitzgerald Kennedy, el discurso que vino a destacar la universalidad del concepto de consumidor, y que sirvió como referencia para que en 1983 la ONU declarara el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores; cuya celebración anual ha tenido lugar esta misma semana.
Algo más de medio siglo después, el movimiento consumerista, si bien ha alcanzado ciertos niveles de desarrollo y organización, tiene todavía por delante un largo camino por recorrer hasta conseguir la influencia real que potencialmente ofrece. En todo caso, es innegable que el reconocimiento del consumidor, como actor económico y social en la sociedad moderna, ha ido calando, no sin dificultades, en el entramado legal y normativo, e incluso adquiriendo en algunos países naturaleza constitucional.
Así, las organizaciones de consumidores, entendidas como agentes sociales que venían a jugar un papel relevante en la sociedad, proliferaron con distintas perspectivas sobre el papel que dicho movimiento debía desempeñar. De forma simplificada podríamos señalar a aquellas que asumían el sistema capitalista y buscaban posicionar al consumidor en el marcado de la mejor forma posible; y aquellas otras que, cuestionando el actual modelo de producción y consumo, se planteaban superarlo en favor de un nuevo modelo más justo y con menos desigualdades, empoderando al consumidor como actor principal del cambio. Sirva como ejemplo revelador de las primeras las posiciones de BEUC –la organización más potente en el ámbito europeo– que con frecuencia avala las medidas de corte neoliberal que se promulgan desde la Unión Europea.
En España este movimiento se vio consagrado en la propia Carta Magna y ha venido siendo desarrollado mediante normativas sectoriales que formalmente buscaban dotar a las personas consumidoras de un adecuado marco de protección, así como establecer un esquema que, a priori, debería haber encauzado un potente movimiento social. La situación sin embargo dista mucho de haberse conseguido, ya que si bien se mantiene el potencial teórico del movimiento, es evidente que falta músculo para alcanzar un mayor equilibrio entre las grandes multinacionales y los legítimos representantes de los consumidores.
A día de hoy continuamos directamente sufriendo o siendo testigos de importantes fraudes y abusos por parte de grandes sectores económicos, como pueden ser la banca, las empresas de telecomunicación o las empresas energéticas, entre otros. Igualmente, cuando ello se produce, el acercamiento a los servicios de atención al cliente de muchas de estas compañías sigue siendo una aventura indescifrable para muchos consumidores, que se estrellan en una enmarañada red de interminables llamadas para plantear sus quejas o tramitar sus reclamaciones.
En realidad podríamos afirmar que ninguno de los gobiernos en España ha creído y apostado de forma clara por un movimiento llamado a intervenir en diferentes ámbitos de la economía y en combatir los desequilibrios del mercado; o justamente por ello son muchas las limitaciones existentes en el desarrollo de la normativa en materia de consumo, y en todo caso insuficientes para poner coto a la desregulación de un mercado que viene esquilmando los derechos de los consumidores. A modo de ejemplo, hemos podido ver como la liberalización de sectores claves que afectan a la economía doméstica –energía, telefonía, banca...– ha amparado condiciones más abusivas para los consumidores y un mayor descontento colectivo de los mismos.
Hasta el momento las políticas liberales aplicadas han supuesto un notable incremento de los fraudes y abusos a los consumidores, generándose una mayúscula desprotección en la parte más débil del mercado. Un mercado cada vez más complejo y abierto –casi inabarcable– que requiere de una enorme especialización para hacerle frente y que dificulta extraordinariamente la capacidad de protección de los consumidores. Hoy es una realidad que el paso a la era digital no solo difumina las barreras y las normativas a aplicar, sino también las administraciones con responsabilidades para su control.
Mientras tanto, predomina un sector empresarial desbocado, que florece en un escenario donde pierde peso el poder público y en el que las grandes compañías condicionan de tal forma el mercado que hacen ineficaces los insuficientes controles de los estados. Poder público, que más allá de lo formal, dejó en la práctica hace tiempo de ejercer un control efectivo del mercado, políticamente resignado a mantener débiles estructuras de los instrumentos propios y de la sociedad para la defensa de los consumidores, convirtiendo en papel mojado el artículo 51 de nuestra Constitución. A modo de ejemplo y sin irnos lejos podemos observar la sistemática reducción que la Junta de Andalucía realiza anualmente con los presupuestos destinados a las políticas de protección de los derechos de los consumidores.
Por otro lado, visto desde la sociedad civil y salvo honrosas excepciones, nos encontramos con un movimiento de consumidores muy atomizado, que no acaba de encontrar su lugar y jugar su papel; y que quizás preso de su debilidad y en buena medida docilidad ante los poderes públicos y empresariales se conforma simplemente con mantenerse como puede, mientras las administraciones competentes miran para otro lado y lo utilizan como coartada para continuar con cada vez más recortes a las líneas de apoyo dirigidas a este imprescindible movimiento.
Se hace pues indispensable una seria reflexión y la adopción de medidas que favorezcan un movimiento de consumidores con organizaciones potentes, legitimadas con cientos de miles de socios que las financien a través de sus cuotas, de forma que se garantice su plena independencia respecto de cualquier poder público o privado, y capaz de influir seriamente en el mercado y en la sociedad.
Tenemos pleno convencimiento de que los consumidores, a través de un acto de consumo consciente y responsable, tienen poder para cambiar aspectos esenciales del actual modelo de producción y consumo; como lo tenemos de que un potente movimiento de consumidores es capaz de doblar el brazo a los sectores empresariales que más se caracterizan por su avaricia y menos respetan sus derechos, y de zamarrear a las apocadas y acomplejadas administraciones públicas que dormitan sin hacer frente con valentía a las responsabilidades que les corresponden.
Es por ello que, recién celebrado el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, manifestemos nuestro pleno convencimiento del extraordinario futuro que tiene el movimiento de consumidores.