No hay mujeres débiles sino hombres engreídos

La salida de la Consejería de Salud y Consumo de Andalucía del viceconsejero, el Dr. Miguel Ángel Guzman, y del gerente del SAS, el Dr. Diego Agustín Vargas, se produce, en apariencia, por la alegalidad de la gestión de las listas de espera, pero no por el aumento de las mismas, sino por cómo la sanidad pública ha venido gestionando las mismas con la sanidad privada desde 2019. Pero solo en apariencia.

El porqué se derivan las listas de espera generadas en la sanidad pública hacia la sanidad privada es algo que la administración andaluza arrastra desde que el PSOE puso en marcha la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía. Esta contempla el derecho de los ciudadanos andaluces a disponer de información sobre los servicios y prestaciones sanitarias a que puedan acceder y los requisitos necesarios para su uso. Y sobre todo, en la misma se establece y “se garantizará, en el ámbito territorial de Andalucía, el acceso a las prestaciones sanitarias en un tiempo máximo, en los términos y plazos que reglamentariamente se determine”.

A raíz de esta Ley se originarían los sucesivos decretos andaluces que establecen las garantías de plazo de respuesta en procesos asistenciales, primeras consultas de asistencia especializada, procedimientos diagnósticos y sobre todo, los quirúrgicos, que son los que han originado esta crisis en la sanidad pública andaluza. Ahora que algunos españoles quieren hacer tambalear la Constitución, es necesario recordar que todas estas leyes y decretos parten del artículo 43 de la Constitución de 1978 que establece el derecho a la protección de la salud de los españoles.

El cómo se han derivado es algo que también se inició en la etapa del PSOE y se seguía haciendo hasta ahora. Aunque el procedimiento es algo que debería explicar la administración andaluza del PP, en teoría, una o varias personas del SAS, siempre con el conocimiento de la Consejería, en cada época política es alguien concreto o varias personas las que acuden a los hospitales privados andaluces y ofrecen las listas de espera generadas en la sanidad pública andaluza. Y sobre esta realidad caben muchas preguntas a las que debe responder la administración andaluza en pro de la transparencia: Cómo eligen una clínica u hospital determinado para que gestione una lista de espera concreta y en función de qué. ¿Quién o cuales personas de la administración andaluza negocian estas listas de espera, quién de la administración pública vigila cómo se gestiona esa lista de espera en la sanidad privada. Estas son preguntas que todavía están sin contestar desde finales de los 90 del siglo pasado.

El cómo de la gestión de las listas de espera no está regulado ni en ley ni en decretos. En la práctica hasta alguien del SAS se ponía en contacto con un hospital concreto para ofrecerle, por ejemplo, una lista de espera de 300 pacientes que precisan de una intervención de rodilla y que según el decreto 209, de 18 de septiembre de 2001 y posteriores, están fuera de plazo de respuesta quirúrgica en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. Como los baremos que la administración andaluza debe pagar a la sanidad privada por cada intervención de rodilla están fijados desde que se publicaron los decretos de garantías de tiempos de respuesta para intervenciones quirúrgicas a principios de este siglo, solo hay que aplicar estos precios actualizados en la etapa del PP. Si hay otras prebendas entre la sanidad privada y la pública o entre algunos hospitales privados y algunas personas de la sanidad pública de por medio es algo que debe explicar todavía la administración del PP.

Luego que el hospital privado de turno se ha quedado con la lista de espera de los 300 pacientes que deben ser intervenidos de rodilla empieza la segunda subasta, tal cual, como si los pacientes fueran ganado.

- Quién o quienes de mis traumatólogos se encarga de hacer la lista de espera de rodilla a xxx €, propone entre sus colaboradores el gerente del hospital privado.

- Yo, señor gerente, se la pongo a xxx €, defiende un traumatólogo experto en rodilla.

- Yo se la hago por xx €, señor gerente.

- Pero este traumatólogo no es experto en rodilla, señor gerente, apunta el experto.

- Ya, pero esto es una empresa privada, no una ONG, así que la hace el que oferte más barato.

Al final, con todas las salvedades de la excelente preparación de los especialistas sanitarios andaluces, la no expertización en rodilla, por ejemplo, más la avaricia, más la no vigilancia, puede provocar y provoca que algunos pacientes demás no queden bien de la intervención quirúrgica. Las clínicas privadas no explican a estos pacientes que durante el próximo año a la intervención están obligados a atender los posibles desperfectos de las intervenciones quirúrgicas procedentes de las listas de espera, por lo que el paciente vuelve al SAS, es decir, a las lista de espera.

Pero este sistema, sostenido por el PSOE y el PP durante años, podría haberse perpetuado si no hubiese una mujer de consejera y en frente no tuviera un grupo de hombres engreídos. La gestión de las listas de espera en Andalucía y los conciertos alégales con las clínicas y hospitales privados ha supuesto la excusa que ha urdido la astuta consejera de Salud y Consumo, Catalina García, para quitarse del medio al gerente del SAS y al vice consejero. De nada ha servido borrar la trayectoria en Castilla la Mancha del Dr. Alfonso García Rosa antes de llegar a Andalucía. De nada ha servido montar un grupo de gestión en la consejería al margen de la consejera. De nada ha servido que achacasen que Lina fue nombrada consejera solo porque Juanma la necesitaba como cuota de Jaén. No hay mujer débil, como dice mi admirado Eslava Galán, también de Jaén, ninguna mujer da pespunte sin hilo, y todas saben dónde van a poner su pie derecho antes de levantarlo para seguir andando.

Paco Flores es periodista especializado en Salud.