Una cosa es la prudencia y otra la sacralización del inmovilismo. Oponerse al cambio es una pretensión vana porque no lo impide. Lo que puede suceder es que no se haga poco a poco sino de golpe (o a golpes) y, probablemente, de forma abrupta.
Algo así está pasando en España en relación con el orden constitucional diseñado y desarrollado desde la aprobación en referéndum de la Constitución del 78.
En dos años tendrá cuarenta años, es decir, más tiempo de lo que duró la dictadura franquista a cuyo orden político puso fin.
Y realmente logró los objetivos que se propusieron alcanzar los constituyentes: implantar las bases programáticas de un estado social y democrático de derecho que permitieran iniciar una senda de convivencia democrática. Y a base de renuncias e inteligencia se alcanzó el pacto más amplio y duradero de la España constitucional poniendo término a la larga tradición del binomio: constituciones impuestas y pronunciamientos golpistas para eliminarlas.
Pero no hay más que contar los escaños del Congreso para saber que hay una parte importante de los diputados que representan a partidos que no se encuentran integrados en los márgenes de la Constitución a cuyo consenso no habrían contribuido ahora en los términos del alcanzado en el 78.
Es claro que sería deseable un consenso inmutable en torno a nuestra Carta Magna. Pero se trata de una ensoñación.
Y la única forma de que no nos veamos desbordados por el desafecto creciente de un número cada vez más amplio de ciudadanos es articular un mecanismo que vaya buscando los puntos en torno a los cuales pueda sustanciarse un nuevo consenso constitucional.