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El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. / E.P.
Parece que Feijoo y Abascal esperan obtener réditos de su condena a una gran parte del pueblo catalán, porque no creerán que los incendios se apagan con gasolina. Ese es el resultado de su inquina, en vez de buscar una forma de entendimiento y, si todavía fuera posible, de integración. Porque las leyes se renuevan cuando hay voluntad y visión de futuro. Si no fuera así, España no habría tenido varias constituciones. Las leyes se cambian con frecuencia para adaptarlas a los tiempos, o porque se compruebe que no son todo lo justas que sería desear. No es bueno confundir legalidad con legitimidad ni con justicia. Las nacionalidades que han tenido referéndum, como es el caso de Quebec o Escocia, todavía no han obtenido la independencia, no porque el gobierno se haya opuesto tenazmente a ello, sino simplemente, porque la mayoría de votantes no la han apoyado en número suficiente.
Hay que ir al principio, y el principio de todo es la prohibición de hacer un referéndum. Un referéndum no es un “golpe de Estado”, todo lo contrario, porque es darle voz a la población. Precisamente, todos los referéndum con resultado opuesto a la independencia, como los mencionados, prueban el sinsentido de estar contra su celebración. No hay que temerle a un referéndum, porque el referéndum sólo tiene la sana intención de confirmar el deseo de la gente. Querer la independencia de una Comunidad no es delito, como reconoció el propio Juez Llarena, que por eso desvió el juicio hacia otros aspectos, aunque estos no fueron reconocidos en Europa. Si la mayoría de los habitantes de una comunidad tiene el deseo de separarse de la metrópoli, mantenerlos unidos a la fuerza es obligarlos a permanecer atados, pero no unidos. Es una imposición dictatorial. Lo sano y democrático es conocer y reconocer qué quiere ser cada cual. Pero para conocer su deseo es necesario el referéndum.
Si, como aseguraba el gobierno de Mariano Rajoy, el referéndum de Cataluña habría fracasado de haberse autorizado, la oposición gubernamental es ridícula además de ilegítima. ¿Para qué enervar a una comunidad o a un grupo determinado, si se tiene la seguridad de que no apoyarían el referéndum de autodeterminación?
Querer formar parte de un proyecto, o no, es opción legítima. No traiciona a nadie quien no quiere formar parte de una entidad, cualquiera que sea esa entidad. En el caso de un Estado, si son sus leyes las que impiden expresamente la independencia de una parte, o incluso la celebración de la consulta, lo justo sería cambiar esas leyes por otras más justas, menos coercitivas. Por tanto, nadie tiene que pedir perdón por querer independizarse, opción plenamente legítima, sea legal o no. Porque las leyes están para cambiarlas cuando sea realmente necesario. El inmovilismo legislativo y el perseguido castigo perpetuo, al erosionar la convivencia sólo pueden conducir a la división, al enfrentamiento. El castigo continuado se convierte en venganza, actitud no convincente y enemiga de la reconciliación. Por eso, ante la virulencia del discurso de Feijoo y más aún el de Abascal sólo cabe preguntarse ¿Por qué? ¿Para qué sirve eternizar un conflicto? Porque el autoritarismo puede vencer a veces, pero mejor sería que buscaran convencer, pues los gritos y la violencia sólo “convencen” a quien ya está convencido. Cada cual es libre de manifestarse sin violencia, los violentos carecen de respaldo legal o legítimo, lo lamentable es que los andaluces no salgan a la calle por sus múltiples problemas, y sin embargo salgan para enfrentarse a otras comunidades. Eso debemos a los enemigos de la democracia y la convivencia.
No es bueno confundir legalidad con legitimidad, recuérdese. La coalición de gobierno acordada estos días, es plenamente legal, porque está ajustada a la Constitución y a la Ley Electoral, aunque a la derecha y ultraderecha no les gusten las leyes actuales, a juzgar por sus votos y sus protestas, pero en ese caso ¿por qué se niegan a cambiarlas? Si para ellos habría sido una coalición formada por esos dos grupos, ¿por qué no en cambio cualquier otra combinación menos favorable a ambos y la llaman “gobierno Frankenstein”? Por más que les duela, la Constitución y la Ley Electoral (con la que muchos diferimos), especifican bien claramente que al Presidente del Gobierno lo nombra el Parlamento. También podría Feijoo recordar los 30.000 millones cedidos a Pujol por Aznar, o los indultos de miembros de Terra Lliure para obtener los votos de CiU.
