La preposición delante de un precio señala ventaja. Vender algo «por...» equivale a bajo precio. Pero, como todo en este idioma usado a capricho por quienes buscan convencer, antecede con frecuencia hecha normalidad, a precios inflados, desequilibradores de presupuestos proletarios. Nadie osaría decir «trabaja por 600 euros», pero la absoluta desfachatez vocea y publica «magnífico piso de 70 m., por 600 euros». A nadie se le ocurriría tampoco afirmar «Dan un kilo de garbanzos por cien euros». Quedaría calificado como poseedor/a de desequilibrio mental galopante, o de obseso/a especulativo/a, rallano/a en la locura. Veinte años después, el euro sigue revuelto para beneficio de pescadores... de los que no precisan molestarse en madrugar para ganarse un jornal: basta poseer alguna propiedad. Tras doce años en el mayor crack de la historia, la Junta lo anuncia como un triunfo. De tanto demonizar al reclamante, la conformidad crea espíritus sumisos. Unos, conformes con forzarse en juzgarlo inevitable; otros beneficiados por lo que tiene de aprovechable. Ni solidaridad, ni razonamiento. Ni buena administración. Ni decencia. Tener un segundo piso para alquiler, no puede, no debe ser un seguro de vida, ni medio de pago de la hipoteca del otro. Un piso en alquiler será una ayuda, no la forma de que unos deban pagar a otros la suma de viviendas.
Para eso está el Gobierno. Si «empieza la recuperación», como dicen asiduamente, podrían eliminar tasas —injustamente impuestas para mermar servicios básicos-, bajar impuestos, facilitar empleo, obligar a invertir a los bancos subvencionados, o haber creado una banca pública con lo gastado en esas subvenciones. Pero esa «recuperación» es tan cierta como que les preocupe el votante aparte de en el acto físico de votar. Tan cierto como que las medidas «de fomento del alquiler» sirvan para ese fin, en vez de para mejorar el beneficio de los propietarios, porque hacen falta pisos en alquiler, pero a precios que permitan comer y vestir a los arrendatarios; o que el despido libre ayude a mejorar el empleo —como se dijo— y no para disminuirlo, como está ocurriendo. Hubo quien cayó en la trampa; se llegó a considerar que la facilidad para despedir mejoraría el empleo (la empleabilidad, dicen los nuevos catetos ascendidos a economistas), porque alguien debe ocupar los puestos vacíos. Pero, con casi un 40% de paro en Andalucía, paro que raramente ha bajado del 20%, sólo sirve para institucionalizar el abuso. El que propicia la lentitud seguramente desinterés del Gobierno en derogar leyes injustas, más interesado en el interés de los bancos y las grandes empresas europeas y locales, que del sufrido ciudadano, limitado por ellos a simple votante. Simple y votante.
¡Lástima! El Gobierno no puede ir a la cárcel. Así que puede hacerse un sayo de las pensiones y dejar en la miseria a quienes han pagado su cotización. Puede descapitalizar la Seguridad Social con prejubilaciones con las que acallar despidos para beneficio de bancos y grandes empresas; puede descapitalizar al propio Estado, con venta de empresas rentables y ayudas al despilfarro. Pero no puede crear empleo. Evidentemente, no. No podrá, mientras el dinero se use para proteger la especulación y mermen los ingresos por paro y falta de estructura empresarial.
¿Cuánto tiempo se puede tardar en salir de una crisis? ¿Un año? ¿Dos? Pues esto no es una crisis. Entramos rápido. Muy rápido. Otra cosa son las mentiras, como si muchas mentiras seguidas pudieran devolver el movimiento económico finado con el cambio. Llevamos meses desde los primeros «brotes verdes» anunciados, pasando por sucesivas «...ya estamos saliendo». Como si más mentiras pudieran hacer ciertas las mentiras anteriores.
Lástima que el Gobierno no pueda ir a la cárcel. Pero legisladores y gobernantes, claro que pueden ir. ¿Para cuándo la reforma judicial?