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Tribuna

Preparemos ya una recuperación viral: Necesitamos certidumbre

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19 abr 2020 / 05:00 h - Actualizado: 19 abr 2020 / 04:00 h.
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  • La Bolsa de Madrid, el día en el que el Ibex 35 ha iniciado la sesión con una caída del 7, 34%.
    La Bolsa de Madrid, el día en el que el Ibex 35 ha iniciado la sesión con una caída del 7, 34%.

La Semana de Pasión nos ha traído datos para la esperanza, en lo sanitario, que hace atisbar la pronta salida, en España, de la pandemia generada por el COVID-19. El nuevo escenario que surge en el terreno económico obliga, esta vez, a los gobernantes a ser suficientemente previsores de lo que está por venir, y a toda la comunidad empresarial a responder, con contundencia y urgencia, recalibrando los propósitos con los que inició 2020 y reforzando su visión y sus objetivos estratégicos, entre los que primarán, más que nunca, los que refuercen su responsabilidad social corporativa y, con ello, el impacto que su actividad genera sobre sus stakeholders y sobre la sociedad en general.

Parece previsible que empresas y sociedad se enfrentarán a una nueva realidad, distinta a la actual, cuando, de forma progresiva, salgamos de este encierro colectivo que hemos asumido de forma solidaria. Pero no hay duda de que esa progresión en la salida no debe ser tan improvisada como la entrada, y que nuestra economía, gravemente dañada, no puede esperar ni un minuto más para sentir el apoyo que le permita aprovechar el aire de cola y volar, y pronto, en términos de crecimiento. Y para ello necesitamos que nuestros gobernantes nos den certidumbre y adopten decisiones que demuestren que hay plan. La empresa necesita seguridad para actuar, porque en ello está su rentabilidad y su propia supervivencia.

Frente a las decisiones más políticas que técnico-sanitarias que han llevado a que esta crisis se haya cebado en mayor medida con España que con otros países vecinos, requerimos decisiones más económicas que políticas, que nos empujen hacia una salida acelerada de la crisis.

Ya hemos tenido ocasión de comentar la necesidad de inyectar liquidez a las empresas para que éstas puedan atender sus obligaciones a corto plazo y no se produzca una pandemia de carácter financiero.

El otorgamiento de préstamos por las entidades financieras avalados por el Estado es un buen ejemplo de ello, donde la enorme demanda de los primeros veinte mil millones después de su comercialización ha obligado a la apertura del segundo tramo de 20.000 millones, esta vez dirigidos íntegramente a autónomos y PYMES, para garantizar nuevamente la renovación de préstamos u obtención de nueva financiación con destino, entre otros fines, a atender necesidades derivadas de vencimiento de obligaciones tributarias, y con las mismas condiciones que fue aprobado el primer tramo, esto es, no estar en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 ni en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020.

Sabiendo de las necesidades que el Estado tiene de recursos líquidos para desarrollar sus políticas públicas, el Gobierno tiene una baza que apenas tienen las empresas, que es la de obtenerlos en el mercado con el fuerte apoyo del Banco Central Europeo, máxime cuando los objetivos macroeconómicos de 2020 han dejado de ser una prioridad, con la aplicación de la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE, hasta el punto de haber abandonado el Gobierno el objetivo básico de una poder ejecutivo como es el de aprobar sus propios Presupuestos Generales del Estado.

Desde la perspectiva presupuestaria será este un año perdido -con un déficit público, coyunturalmente muy elevado, con una cifra de deuda pública desconocida hasta la fecha-, que, precisamente por ello, debe servirnos de cortafuegos para que 2021 nazca vacunado de ese mal, que debemos encapsular en el presente ejercicio.

El Estado debe priorizar su financiación mediante el endeudamiento o aprovechando los nuevos instrumentos europeos, y sin renunciar a la legítima recaudación de sus impuestos, permitir la mora en sus pagos por las compañías de forma menos rácana que lo hecho ahora, mirando la altura de miras de la mayoría de nuestros países vecinos, que también es cierto, tienen las cuentas más saneadas. No es suficiente, como se ha hecho, retrasar la presentación e ingreso de las autoliquidaciones de las micro pymes -empresas con menos de 600.000 euros en el año 2019- hasta el día 20 de mayo de 2020, sino que deberíamos facilitar, dentro de este ejercicio, una demora de varios meses en el pago de impuestos, que le permita a las empresas, después de volver a abrir la persiana -que la mayoría apenas habrán hecho en esa fecha-, tener un mínimo de pulmón financiero.

Es el momento de establecer, además, estímulos fiscales que, cuanto menos, permitan en este ejercicio a las empresas, usar sus créditos fiscales que hoy se encuentran limitados, retomando excepcionalmente la compensación ordinaria de BIN, facilitar la deducibilidad de la provisión por insolvencias por deudas derivadas del COVID19 o de los gastos financieros, la monetización sin límite de las deducción por inversión en I+D, reconsiderar el sistema de pago fraccionado mínimo o potenciar otros incentivos ligados al mantenimiento de empleo para 2020.

Al mismo tiempo, la inmediata vuelta a la actividad y, con ello, la finalización de los ERTEs, deben adecuarse a esa nueva realidad, aclarando y ampliando los supuestos de excepcionalidad del mantenimiento de seis meses tras el fin del cautiverio que, por encima de todo, asegure la supervivencia de la empresa.

Las empresas que tengan una alta dependencia del sector público, por su facturación o por pertenecer a sectores regulados, necesitarán además de políticas urgentes, tan sencillas como verse beneficiadas del temprano pago a proveedores por parte de las Administraciones, o como la activación de mecanismos acelerados de agilización de la contratación y de las licencias administrativas.

Y por supuesto preparar, desde ya, planes de contingencia, en las que el sector teleco -cuya gran capacidad para operar en línea ha demostrado estar a la cabeza del mundo – debe seguir protagonizando nuestra transformación digital para que la economía sienta futuros coronavirus como gripes con vacuna.

La desglobalización que se producirá tras la pandemia, causada por la mayor preocupación por la seguridad sanitaria y materializada en el mayor control de fronteras y el incremento de la protección arancelaria, llevará posiblemente una regresión en las cadenas de valor, por la reducción de las ventajas de deslocalizar la actividad, y nuestro sector industrial nacional debe aprovecharlo como oportunidad.

Todo lo anterior sería, además, deseable que fuese robustecido con un ejemplar esfuerzo de la sociedad, que a buen seguro reordenará sus hábitos de consumo, potenciando su demanda interna, apoyando a nuestro sector turístico y apostando, en mayor medida, si cabe, por la calidad de los productos españoles.

Alberto García Valera Socio Director de EY en Andalucía


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