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, última actualización

Presupuestos de Andalucía,
el giro imprescindible

COLECTIVO SENDA

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26 nov 2016 / 23:40 h - Actualizado: 26 nov 2016 / 22:03 h.
"Presupuestos Generales del Estado","Pleno del Parlamento de Andalucía"

En estos momentos se está tramitando en el Parlamento de Andalucía el proyecto de ley de presupuestos para el año 2017 de nuestra comunidad autónoma, que ha sido posible gracias al acuerdo político alcanzado entre el PSOE y Ciudadanos el pasado mes de octubre.

Una vez más el PSOE ha preferido ‘mirar a la derecha’ a la hora de buscar aliados parlamentarios para su aprobación. Dinámica comprensible tras el acuerdo de investidura alcanzado para hacer presidenta a Susana Díaz que va camino de convertirse en un acuerdo para toda la legislatura.

No podemos dejar de señalar que este acuerdo le viene bien a los dos partidos por diferentes motivos. A la presidenta andaluza porque le evita buscar otro tipo de apoyos ‘a la Izquierda’ —a la que no es muy dada— y a Ciudadanos porque sigue reforzando su discurso de partido responsable —aun a costa de sus posicionamientos políticos— con la estabilidad institucional ya sea a nivel nacional o autonómica.

En el análisis de estos presupuestos no puede obviarse el escenario social y económico estatal actual.

Es cierto —y no podemos negarlo— que las cifras macroeconómicas han empezado a mejorar —se está produciendo un crecimiento sostenido superior al 3%— aunque persisten muchos de los efectos provocados por la crisis, los recortes y las políticas de austeridad.

Pero no es menos cierto que esta recuperación económica no ha tenido un traslado real sobre las personas, debido a la injusta redistribución de los efectos beneficiosos de este crecimiento.

En Andalucía los datos hablan por si solos. Ocupamos el último lugar en nivel de renta, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social es del 43,2%, aunque se recupera el empleo asalariado este es de muy baja calidad y el desplome de los salarios hace que el 47,2 % de la población asalariada perciba una retribución media inferior al SMI.

En este contexto andaluz se presenta este presupuesto que asciende a 33.240 M de euros, con un incremento de 1954 M respecto al año 2016, con lo cual se mantiene la línea ascendente de estos dos últimos años.

Queremos resaltar dos elementos que a nuestro juicio definen claramente este presupuesto. El primero de ellos es la elevada cantidad destinada al pago de la deuda, 3.762 Mill de euros, lo que sitúa el incremento real en 890 M. Si a esto le unimos una bajada en la recaudación de 74 M motivada por la rebaja en el Impuesto de Sucesiones -tras el acuerdo con Ciudadanos- nos encontramos con unos presupuestos claramente insuficientes para la resolución de los graves problemas que aquejan a los ciudadanos y ciudadanas.

Y el segundo es el continuismo respecto a años anteriores. Da la impresión que el Gobierno Andaluz no es consciente de los crónicos problemas de nuestra tierra ya que año tras año aplica las mismas políticas que ya han demostrado su ineficacia y que no nos llevan a ningún sitio. Y además no ayudan a sentar las bases para la tan necesaria convergencia con España y, a más largo plazo, con Europa.

No encontramos en estos presupuestos una apuesta clara por el tan necesario cambio del modelo productivo. Una apuesta por el sector industrial como motor de un empleo de calidad y estable que nos aleje progresivamente de la estacionalidad del sector servicios.

Entre los aspectos más negativos, pese al incremento de las partidas presupuestarias, situamos la insuficiente cuantía destinada a los programas Formación Profesional y Empleabilidad, intermediación y fomento del empleo que no consiguen dar respuestas a las necesidades de Andalucía.

Pese al esfuerzo realizado en las partidas de inversión pública, políticas sociales, servicios públicos, salud, políticas educativas y dependencia estas se encuentran muy alejadas de los niveles anteriores al periodo 2009/2011.

Una cuestión que nos preocupa especialmente es la ejecución presupuestaria de los últimos años. No es asumible que existan partidas presupuestarias —de una cuantía más bien escasa— destinadas a programas de especial importancia que no se ejecutan y que la diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado se convierte en un instrumento más para la disminución del déficit.

Estas críticas no pueden dejar de reconocer que el escenario en el cual tendrán que ser ejecutados estos presupuestos no está aun clarificado del todo. Todavía está por cuantificar el techo de gasto para las comunidades, se desconoce el impacto de lo 7.700 millones de euros de ajuste que Bruselas ha pedido a España y la cuantía de las entregas del Gobierno a las comunidades y si se van a flexibilizar las condiciones en el cumplimiento del déficit.

Por todo ello es más que necesario un gran pacto —parlamentario y social— para reclamar al Gobierno de España un nuevo modelo de financiación autonómica que permita un presupuesto expansivo con el cual generar empleo de calidad consolidando la salida de la crisis de los ciudadanos y ciudadanas y que garantice los servicios públicos y las prestaciones sociales. Un nuevo modelo de financiación que siente las bases para el necesario cambio de modelo productivo y que resuelva los graves problemas estructurales que padecemos.

Esta es la senda por la cual debemos transitar y en la cual siempre nos encontrarán.


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