La mayor parte de los grandes núcleos turísticos del litoral playero español están conteniendo muy bien el riesgo de contagio del coronavirus. No tienen culpa alguna de que los principales países europeos recomienden a sus compatriotas no viajar a España. Repasen las estadísticas, rebobinen las noticias sobre los rebrotes y los rastreos, y constatarán que por lo general no tienen su origen en la España más popular y concurrida para el veraneo de sol y playa. Así está sucediendo, ni en el Cantábrico, ni en el Mediterráneo, ni en el Atlántico. Ni está afectando significativamente a las personas que trabajan durante julio y agosto en un solo emplazamiento costero y atienden a multitud de clientes, ya sean veraneantes de pocos días o propietarios de segundas residencias. Si los Benidorm, Chipiona, Punta Umbría, etc., son señalados en medios internacionales como ejemplo de orden y esmero para habitar sus playas con tranquilidad y seguridad, y a la vez se condena a España al aislamiento porque los datos objetivos indican que somos el país de Europa Occidental donde se detectan más positivos por número de habitantes, pregúntese quién se trabajó en serio la preparación del verano para sobrevivir económicamente, y quién se creyó que la palabra 'desescalada' era un placebo para tomarse julio y agosto con la pachorra administrativa 'de toda la vida'.
Muchos abogados se van a poner las botas pleiteando en defensa de los empresarios de discotecas y bares de copas, que necesitan confiar en las togas como tabla de salvación para que los gobiernos estatal y autonómicos les rescaten tras ser convertidos en los chivos expiatorios del fracaso nacional para gestionar la pandemia. Es imposible que todo un sector empresarial y profesional sea maléfico. Ni siquiera el del trasnoche. Quien se ha tomado en serio que en su establecimiento se cumplan las normas es metido en el mismo saco que los 'garbanzos negros'. Supermercados y ultramarinos incrementarán pronto sus ventas de bebidas alcohólicas porque me malicio un incremento de las quedadas encubiertas, ya sean pijas o canis, que están siendo una extendida e insensata fuente de contagios. ¿Se dedicarán a partir de ahora los policías locales más a trabajar de noche para patrullar y desmontar ese fenómeno tan peligroso, o seguirán encaminados con fines recaudatorios a poner fácilmente multas por las mañanas a coches mal aparcados?
No perdamos de vista el debate más importante: la gestión política de la salud pública, dentro y fuera del sistema sanitario. Cada vez son más relevantes los sucesivos pronunciamientos que durante el mes de agosto están llevando a cabo, como aldabonazos, importantes asociaciones españolas de especialidades médicas, así como la Organización Médica Colegial de toda España, alertando de que siguen siendo notables las carencias y los incumplimientos ante la necesidad de afrontar la pandemia mucho mejor que en primavera. Y la crítica de mayor importancia cualitativa en esta ola de declaraciones que desnudan el fracaso de la estrategia gubernamental es el manifiesto publicado en la revista científica 'The Lancet' por un ramillete de prestigiosos médicos e investigadores, exhortando a la comunidad internacional a que desde fuera de España se haga una evaluación independiente e imparcial de la gobernanza española ante el coronavirus. Ni desde La Moncloa ni desde las presidencias autonómicas se han atrevido a desacreditarles. El Congreso de los Diputados y el Senado han quedado en ridículo porque esa evaluación, para corregir y mejorar, tendría que haberse hecho bien en sus comisiones y plenos. Si veinte personalidades españolas de la medicina, la ciencia y la salud pública se han atrevido a salir a la palestra desde un escaparate de reputación global es porque se han hartado de aguardar, sin éxito, que les hicieran caso en su país. Y al Gobierno ya no le vale Fernando Simón como parapeto tras el que esconderse. Ni con la etiqueta de experto ni con la de portavoz.