Los bares, cafeterías, restaurantes, ventas, mesones y caterings son ahora carne y hueso de cacerolada. Son el reflejo más visible de la distancia social que existe entre los mandatarios que, con el dinero de todos, le garantizan una subida de sueldo a quienes tienen sus empleos más asegurados, los funcionarios, y a la vez dejan sin garantías de ingresos a los sectores como la hostelería (y no es el único, piensen también en otros como las empresas de transporte en autocar o las de exhibición cultural) cuya actividad se decreta capitidisminuir o suspender para confinar la sociabilidad de los contagios por coronavirus. Ominosa doble vara de medir que agranda las desigualdades entre los españoles. Para quienes tienen mayores garantías de vida laboral hay más fondos aunque se haya desplomado la recaudación tributaria y se dispare el endeudamiento. A quienes encarnan todos los riesgos empresariales y profesionales se les niegan compensaciones a cerrarles el negocio por motivos sanitarios porque se aduce la falta de recursos en las arcas públicas. Marchando una ración de agravio. Y el que la hace no la paga.
El descontento que se ha ido cociendo durante medio año ya alcanzó el punto de ebullición y las movilizaciones al unísono de empresarios y trabajadores de la hostelería ante la fachada de ayuntamientos y gobiernos autonómicos, como la multitudinaria en Sevilla el pasado jueves 12, pueden ser solo el aperitivo de un menú de protestas al que se sumen otros sectores de amplio espectro social, como el del pequeño comercio, que tradicionalmente no ha ejercido presión en las calles para manifestar sus problemas ante los políticos que gobiernan. Tiene todas las papeletas de que va a perder el miedo escénico porque ahora se asoma a un escenario de agobio irremediable: en muchos de sus establecimientos rara vez entra alguien para comprar mientras crece sin cesar desde los hogares la demanda de pedidos a gigantes como Amazon y Aliexpress, que, para más inri, pagan pocos impuestos en España.
Para atajar la pandemia es prioritario reducir mucho las relaciones presenciales, tomarse muy en serio las precauciones en las reuniones con los seres queridos, y resolver digitalmente todo lo que se pueda nuestra agenda de actividades, conversaciones y complicidades. No debemos acostumbrarnos a ser una sociedad que normalice digerir a diario la notificación de otros 300 o 400 o 500 fallecimientos, amén de la enorme cantidad de personas que han sido dadas de alta pero van a padecer secuelas en sus capacidades neuronales, respiratorias y musculares. Pero las excepcionales medidas sanitarias de restricción a la movilidad tienen que estar siempre sincronizadas con excepcionales decisiones de política económica para salvaguardar todo lo que se pueda la futura continuidad de las empresas y de los empleos. Los países europeos de referencia lo han tenido claro desde marzo, sean sus gobernantes de sesgo liberal o socialista: es mucho más barato y efectivo, a corto y a largo plazo, asumir desde el Estado durante año y medio el colosal coste de la hibernación del tejido empresarial y laboral más condicionado por los confinamientos, que intentar reactivarlo tras las campañas de vacunación, cuando ese paisaje socioeconómico solo sea un cúmulo de demandantes de subsidios por desempleo que ya no contribuyen al mantenimiento del sistema de pensiones, y un pozo sin fondo de empresas liquidadas que ya no tributan para el sostenimiento de los servicios públicos.
Ahora en España quiere ser alemán hasta el toro de Osborne. Porque los hombres y mujeres que viven del café manchado o del tataki de atún, del chocolate con churros o del wok para compartir, de la tostada con aceite o del cordero asado, del buffet libre o del velador con tapeo, de la barra con pinchos o de las milhojas, de la cocina de cuchareo o de los vinos sibaritas, en este otoño de mascarillas no madrugan con la expectativa de recibir a clientes alemanes. Lo que más desean es ser un establecimiento hostelero como los de Alemania, cuyo gobierno de coalición conservadores-socialistas decidió en abril garantizar a pymes y autónomos de sectores como la hostelería que recibirán una cuantía por valor del 75% de las pérdidas que sufran durante 2020 y hasta mediados de 2021 a causa de los confinamientos y de la reducción de horarios, teniendo como referencia sus ingresos del año 2019.
Cada vez hay más gente en España que en lo tocante a gobernanza quiere ser de otro país. Quiere ser un bar alemán. O ser un científico francés, pues en lugar de sobrevivir Pirineos abajo como cobaya de la precariedad, vio en junio cómo Macron ordenó ampliar en 5.000 millones de euros más el presupuesto para reforzar la investigación en producción científica y tecnológica relacionada con el coronavirus. Y qué español no ha querido ser un contribuyente portugués desde que su gobierno socialista redujo drásticamente el IVA de las mascarillas cuando tocaba, al decretarse la obligatoriedad de su uso. Los trabajadores de cualquier gran empresa con miedo a una ola de despidos prefirirían ser eslovenos porque el Gobierno de Eslovenia, para fortalecer la estabilidad de las 50 más estratégicas de su país, decretó en junio indemnizarlas con hasta el 100% de la diferencia entre los resultados de explotación durante los meses de marzo, abril y mayo, y los del mismo periodo del año pasado.
Hasta un país como Grecia, mucho más pobre, mucho más endeudado, con un sistema sanitario mucho más endeble y cuya economía depende del turismo extranjero el doble que la española, está gestionando la pandemia y la crisis notablemente mejor que España. Qué no hubieran dado miles de nuestros médicos y enfermeros por haber sido griegos durante 2020. Con un censo de población que es 4,5 veces menor que el español, el número de fallecidos por coronavirus es 40 veces inferior al que sufrimos en España. La sociedad griega está muy orgullosa del comité de virólogos, epidemiólogos y expertos en salud pública que su gobierno conformó en marzo. En España, las organizaciones de medicina y de enfermería están pidiendo reiteradamente la dimisión o destitución de Fernando Simón, tras el que se sigue guareciendo el Gobierno central cuando ya no les sirve como parapeto. Y en Andalucía, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha tenido que pedir perdón por decretar sin consenso ni compensaciones la suspensión de las condiciones de trabajo y descansos del colapsado personal sanitario. Qué poco tino, en el peor momento posible, para provocar la indignación de quienes están afrontando otra dramática ola de saturación asistencial.
Son tantos los agravios de los que vacunarnos, que bien podría algún testaferro de Juan Carlos de Borbón financiar desde un paraíso fiscal un cargamento de soluciones.