Hoy es el día adecuado. Pacten hoy. No dejen pasar más tiempo. Es urgente evitar males mayores. Rebajen ya los impuestos a la electricidad y a los carburantes para que el virus inflacionista tenga menos capacidad de contagiar en pocas semanas a la mayoría de los sectores esenciales de la economía española, y se contenga la ola de empresas y empleos en busca de unidades de cuidados intensivos. En el segundo aniversario del decreto de confinamiento por la pandemia covid, momento que todos recordaremos mientras vivamos, la sociedad española necesita que su Gobierno y su Parlamento decreten otra decisión política sin precedentes. A situaciones excepcionales, decisiones excepcionales.
Lo que hoy debería suceder en la Conferencia de Presidentes a celebrar en la admirable isla de La Palma es un acuerdo entre todos los partidos con cuota de poder en los gobiernos nacional y autonómicos, y con el estreno de Alberto Núñez Feijoo como líder de facto en el PP, para respaldar que Pedro Sánchez anuncie que el próximo martes 15 llevará al Consejo de Ministros una propuesta con el fin de aprobar con carácter urgente un decreto que, de modo temporal, reduzca sustancialmente o interrumpa la aplicación de los diversos impuestos y gravámenes fijados sobre el consumo de electricidad y de carburantes como diésel y gasolina. Rebaja o moratoria que, con esa unidad de acción política, tendría días después garantizado el refrendo de la mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados.
La escalada inflacionista que empezamos a padecer en 2021 es ya tan empinada, y sin visos de concluir pronto por el impacto impredecible de la guerra de Putin contra Ucrania en la geopolítica comercial y en los mercados de materias primas, que la mayor parte de los sectores productivos en España (tan diversos como siderúrgicas, transportistas, pesca, industrias de componentes o bienes de equipo, repostería, y un largo etcétera), corre riesgo de perder pie y despeñarse pagando suministros a precios que imposibilitan la rentabilidad de sus negocios. O tirar por la calle de enmedio y paralizar su actividad porque pierden menos dinero. Cierres temporales que provoquen otros descuadres mayúsculos en la oferta y demanda de productos y servicios, y por consiguiente en los precios para el conjunto de la ciudadanía.
Sin duda, muchas decisiones y reformas de calado para afrontar este grave problema han de sustanciarse desde la Comisión Europea en aras de reordenar conjuntamente el marco regulatorio del mercado de la energía y de la fijación de precios. Pero la sociedad española no puede aguardar dos semanas más sin medidas paliativas a la espera de que en el Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo se llegue o no a un acuerdo al más alto nivel de los jefes de Estado o de Gobierno. En Moncloa tienen en su mano la capacidad ejecutiva de desactivar o minimizar el cobro de impuestos por combustibles, que son mas del 40% de la cuantía que se paga cuando repostamos en una gasolinera. Y también puede determinar rápidamente que el precio base de la comercialización de electricidad no se establezca en función de la fuente energética ostensiblemente más cara, como sucede actualmente con el gas. Ayer ya anticipó la vicepresidenta Teresa Ribera que se están planteando desvincular desde el mes de abril el precio del gas respecto a la configuración del precio de la luz. No espere a tener disponible quirófano en Bruselas durante el mes de abril. Hágalo ya desde la enfermería del BOE, que tiene un bisturí potente, amparándose en la excepcionalidad de la coyuntura bélica.
Confío en que no nos digan que es más fácil confinar a todo un país que confinar a los impuestos.