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Vista del Tribunal Constitucional. EFE/ Zipi
Al individuo que no ha trabajado en toda su vida, se le admite una querella rocambolescamente titulada “por cobertura para la rebelión y sedición”, términos que han sido amplia y reiteradamente rechazados por todos los estados de Europa. Una vez más quien ha preconizado un golpe militar, lanza sobre los demás la acusación gratuita de “rebelión”. Y lo que es peor, se le da cobertura mediática, que es precisamente lo que buscan los denunciantes, porque conscientes de la imposibilidad de que la querella prospere, sea quien sea el o la Juez a quien corresponda dictar sentencia, lo único que les queda es llamar la atención y verse frente a las cámaras para poder defender su (falta de) argumentos. Salir en los medios de comunicación al presentar la querella y cuando esta sea vista y con casi absoluta seguridad cuando sea rechazada por el Juzgado correspondiente.
Está claro que cualquiera puede denunciar a cualquiera con o sin motivo. Es trabajo de los jueces aprobar o rechazar y condenar o no, según proceda. Pero también debería existir alguna forma de castigar a quien denuncia a sabiendas de que dicha denuncia no tiene posibilidad de prosperar por peregrina, o por malintencionada. Porque los juzgados no están para buscar notoriedad ni menos aún para poder decir a través de las televisiones y los periódicos esos adjetivos calificativos tan socorridos como “queremos garantizar la independencia de las instituciones”, cuando intentan por todos los medios que la Institución judicial se decante a favor de sus intereses particulares, que por eso no les interesa renovar el CGPJ, ni el Supremo ni el Constitucional, para no perder las mayorías de jueces conservadores y por eso adictos.
La Justicia, ya lenta por colapsada, necesita una revisión a fondo desde dentro. La Justicia no puede ser el aparato burocrático más lento de toda la Administración del Estado, que ya es decir lentitud. Pero no contribuye a mejorarla acudir a ella para cuestiones extra judiciales como la que se comenta. No entretener, no ocupar tiempo que pueda utilizarse en casos reales y útiles, es colaborar a agilizarla, a hacerla más eficaz, porque también eliminaría la posibilidad de que, debido a la carga de trabajo, algún caso se alargara indebidamente o incluso pudiera no ser tratado con toda la precisión necesaria. No se afirma que esté ocurriendo, pero mejor impedir que pueda ocurrir.
Garantizar la independencia de las instituciones es algo que no debe tener que esperar a que gobierne quien gobierne. Por el contrario es deber de quien gobierna y de quien esté en la oposición, porque oposición es lo contrario de decir siempre “no” a todo, sea lo que sea. Porque oposición nunca puede convertirse en la forma de obstaculizar el avance y la labor de gobernar, eso es poner trampas para hacer fracasar al gobierno, trampas que son ilegítimas porque no sólo perjudican al gobierno, fundamentalmente perjudican a la sociedad, por tanto a la totalidad de la ciudadanía del reino de España. Esa política de permanente confrontación y de impedir el progreso conculca el más elemental principio moral, en el sentido de ético. No es ético, es falto de moral enredar y en vez de aportar soluciones limitarse a pronunciar adjetivos calificativos. No basta decir “concordia, libertad y democracia”, es más: no debe decirse cuando lo que se busca es todo lo contrario. Hay que trabajar por la concordia, la libertad y la democracia, desde el gobierno y desde la oposición. Pero si trabajaran por ello, en vez de utilizar las palabras con la oquedad con que las utilizan, ya habría sido rechazada la ley mordaza. Por ejemplo.
Cuando faltan razones se utilizan adjetivos, pero los adjetivos no definen: aprueban o insultan, según se utilicen justamente o para suplir a la razón de los argumentos que les faltan. Es la forma más irresponsable de comportamiento, doblemente grave, porque es utilizada con frecuencia por quienes califican de irresponsables a los demás.