Andalucía (y España como si no fuera con ella) vuelve a permitir que Europa le ponga la cara colorada por una de las cuestiones que debería enorgullecernos: Doñana. El Gobierno andaluz continúa presumiendo de que legalizará (regularizará, dice) los regadíos y pozos que antes eran ilegales. Y que viva la pepa. El asunto ni es baladí ni es exclusivo, porque aquí todo se arregla con dinero. Que cualquiera construye donde le da la gana, pues luego paga y aquí paz y después gloria. Y así, con el presente cutre de unos cuantos, nos luce el futuro de todos.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea lleva casi una década reclamándole a nuestro país que ponga coto al deterioro de los hábitats naturales en el parque nacional y sus aledaños. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por su parte, acaba de alertar de que el número de aves censadas en Doñana se ha reducido a una quinta parte en el último año, lo cual sería un escándalo en cualquier país civilizado de verdad. Y entretanto, en plena sequía, la nueva mayoría del Gobierno autonómico no tiene otra forma de celebrarse que anunciar su disposición a regularizar unas 1.500 hectáreas de cultivo a pesar de la sobreexplotación del acuífero de Doñana. Está clarísimo que todo tiene un precio. Y que la cara más descarada del relativismo feroz sobre los que estos mismos se echan las manos a la cabeza, con su gritito beato, es este cambio de parecer siempre que haya unos votos de por medio. También el mojigato PSOE sabe esto de sobra, porque donde dijo digo dice luego Diego pero a Diego no termina nadie de conocerlo ni falta que hace.
Ahora la Comisión Europea vuelve a amenazar con una multa, y hay gente por aquí que susurra eso de multitas a mí, con media sonrisa de sobrada superioridad. Ya lo decían los Morancos: el taco es el taco. Y que viva la Virgen del Carmen.