Leyendo un artículo sobre la red de redes, supe que al parecer hay siete personas, que viven cada una en una parte del mundo, y disponen de una clave, que se gestiona en un ordenador, localizado en un sitio super secreto, que es la llave de internet.
Sin esta clave todo internet caería. Esta llave electrónica se activa mediante unos códigos que se guardan en unas cajas fuertes, y que introducen cada una de estas siete personas, quienes viajan desde sus países al sitio super secreto en cuestión. Cada uno de ellos solo tiene acceso a un fragmento del código, y no conoce el resto de la clave completa, ni las combinaciones de las cajas de los seis restantes. El ordenador que gestiona todo esto, además, no esta conectado a internet para que no se pueda acceder a él, y a la forma de gestionar este código.
Seguramente habré cometido algún error terminológico, pero ustedes me habrán entendido: internet depende de que siete personas metan una contraseña cada cierto tiempo.
Desde que empecé a usar las tecnologías e internet -ya hacia tiempo que era abogado- siempre me hice una pregunta: ¿De quién es internet?
Me explico, internet no es un derecho consagrado en las leyes amparado por los poderes públicos, y garantizado a los ciudadanos, como pueda ser, por ejemplo, la libre circulación por el territorio nacional. La constitución en España, a lo máximo que llegó, y es mucho, fue a garantizar el secreto de las comunicaciones y limitar el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad.
Pero en realidad, accedemos a internet y usamos su infraestructura, gracias a que celebramos contratos privados con empresas privadas, a menudo o casi siempre no sujetas al ordenamiento jurídico español. Y dado que traspasamos nuestras fronteras navegando por la red, ya ni te cuento. Las posibilidades de obligar ante una corte extranjera o internacional, a una empresa trasnacional, a continuar dando estos servicios mediante un acuerdo contractual, son nulas, toda vez que la inmensa mayoría de las veces nos prestan estos servicios de modo gratuito.
De modo que estos proveedores privados que nos permiten buscar, mantener correos electrónicos, hacer transferencias bancarias seguras, cumplir trámites administrativos o sanitarios o notificarnos una sentencia judicial, son entidades privadas, a las que nada podemos exigirle a veces. Aceptamos lo inaceptable, dándole a la tecla acepto, sin saber siquiera que aceptamos. Pero es que el estado mismo, está sirviéndose de estas gratuidades y dependiendo de ellas
Puede sonar a broma la escena de un ciudadano exigiéndole a Google, que se mantenga activo y en perfecto estado de funcionamiento para que le permita buscar un resultado de un partido de futbol, pero la cosa pierde gracia si pensamos que Google como cualquier otra empresa, puede decidir cerrar. Y no tenemos ni la menor fuerza para impedírselo, perdiendo todo nuestro soporte de correo electrónico, y todos nuestros documentos que voluntariamente hemos cedido y dejado alojados en sus soportes. Lo mismo podemos decir del programa de Java, de Oracle o de quien corresponda, que nos permiten ni más ni menos que pagar y cobrar.
A nadie se le ocurriría dejar todo su dinero en el cajón de un particular desconocido, darle la llave de apertura, sabiendo que en cualquier momento puede darle por convertir el cajón en leña para la chimenea y está en su derecho, porque hemos ido nosotros a hacerlo, no nos han apuntado con un rifle.
Pues eso, lo hacemos.
Siempre me ha parecido la más correcta definición de la economía, (mas bien en referencia a sus fluctuaciones) aquella que la define como un estado de ánimo. Es lo mismo que la seguridad jurídica. Confiamos en que nuestra propiedad privada está garantizada, porque las leyes del estado donde se hallan esos bienes, nos lo dicen, y si nos roban, llamamos a la policía, que hace cumplir la Ley.
En internet no hay poder público, que con el legitimo uso de la fuerza pueda obligar a un particular, a seguir regalándote servicios gratis.