Ruin. Canallesco. Hipócrita. Ilegal. Y me quedo corto. Ya se ha cruzado otra línea roja en la degeneración de la salud democrática de la sociedad española. Utilizar el poder con el fin de aplicar un sesgo ideológico que discrimine a unos vecinos contra otros para ponerles o no una vacuna. Es lo que está sucediendo en Cataluña, donde el interino gobierno autonómico posterga al máximo que se inyecte la vacuna del covid a los hombres y mujeres que trabajan en la Policía Nacional o en la Guardia Civil. Con todo tipo de subterfugios y excusas para no convocarles, como sí se ha hecho con el resto de personas (docentes, bomberos, policías autonómicos, etc.) cuyos empleos están adscritos a la condición de servicios esenciales y a la de colectivos que necesitaban rápida protección porque están en primera línea de riesgo de contagiarse durante su labor profesional con un virus que ya ha causado en nuestro país el fallecimiento de unas 100.000 personas. En España ya habita de nuevo entre nosotros el inquisitorial hostigamiento perpetrado desde las instituciones que son de todos para negarles a un sector de población la identidad y los derechos más básicos, y etiquetarles como apestados. Esto sí que es recuperar la memoria histórica. Puigdemont, Junqueras y sus adláteres encarnan la peor Europa.
El dato es palmario. Han sido vacunados el 80% de los mossos, el 79% de los agentes de la Policía Local de Barcelona y el 71% de los policías locales de cualquier municipio catalán, mientras que solo lo están el 9% de los policías nacionales y el 6% de los guardias civiles. Inmunizarlos, como a cualquier otro colectivo de ciudadanos, compete al sistema sanitario autonómico. Dos sindicatos policiales han desvelado esta colosal inmoralidad, pidieron amparo al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y éste ha dictado una orden por la que da un plazo de diez días a la Generalitat para que se vacune a un porcentaje idéntico de agentes policiales sea cual sea la institución a la que pertenece. La reacción de los gerifaltes independentistas roza el colmo del cinismo: acusan a la más alta instancia del poder judicial de provocar que se retrase la vacunación a personas de 70 años porque ahora se ven obligados a atender a policías y guardias civiles. No decían lo mismo cuando se las inyectaban a los 'mossos'.
Analice a pie de calle esta situación. Las vacunas cuya compra negocia la Comisión Europea en representación de todos los países y con los presupuestos sufragados por todos, y cuyas sucesivos lotes fabricados por Pfizer, Moderna, etc., se distribuyen a sus respectivos gobiernos para poner coto cuanto antes a la mortalidad de esta pandemia tan contagiosa, se administran con criterios de salud pública en toda España salvo en Cataluña, donde sus disparatadas y pujolistas élites aprovechan un asunto tan dramático para torpedear la más elemental fraternidad humana ante un peligro común. Además de ser una actitud rastrera es una tremenda insensatez. ¿Acaso calculan que si el coronavirus entra en las vías respiratorias de quienes forcejean con una banda mafiosa o se afanan en una aduana, solo va a contagiar a sus familiares? ¿Y tan inteligente es el genoma del virus como para discriminar que los cónyuges o hijos de policías nacionales y guardias civiles, hayan nacido en Sabadell o en Orihuela, solo pueden contagiar a los vecinos y transeúntes que se sienten tan catalanes como españoles?
Mención aparte merece el vergonzoso silencio en el conjunto de España de la mayoría de los dirigentes políticos, estamentos sociales, medios de información, juristas, intelectuales. Esto no es un error administrativo. Es un acto de supremacismo que se ha ejecutado con disimulo. Lo reprobará el Consejo de Europa porque conculca la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Si tan orgullosos se sienten los sanedrines de Esquerra y de JxCat de las trabas que han puesto para vacunar a las plantillas de las Fuerzas de Seguridad del Estado, ¿por qué no son valientes y convocan una consulta pública a la ciudadanía catalana para que decida votar a favor o en contra de que se vete la vacunación a los vecinos si son policías?
Qué fácil es cosificar como 'fuerzas represoras' a quienes trabajan como servidores públicos para garantizar la seguridad y para perseguir los delitos, y con qué celeridad les localizan los apóstoles del odio para que ayuden a salvar vidas en una contingencia peligrosa o catastrófica. Entonces sí son seres humanos que arriesgan su vida por la del prójimo. Y como agradecimiento, quienes administran las instituciones les castigan a estar más tiempo sin inmunidad y arriesgando su vida ante la amenaza del coronavirus. ¿Dormirán con la conciencia tranquila?