No parece buena idea intentar gobernar un país en el que los que pudieran representar a la mitad de los ciudadanos llenen las plazas y calles de las ciudades clamando contra lo que ha hecho la persona que accede al cargo de presidente del Gobierno. Pedro Sánchez debería pensar en lo que está pasando y poner por delante de sus intereses políticos, la coherencia, la sensatez y el interés general. Resulta desastrosa esta división que se está produciendo en la sociedad. Pedro Sánchez debería pensar en la fractura social que está provocando con sus decisiones y su tacticismo, una fractura muy parecida a la que causó el independentismo en Cataluña hace unos años y que, en su momento, tanto criticó.
Las protestas que se han producido en toda España son reflejo de lo que millones de españoles piensan acerca de la amnistía y los acuerdos a los que ha llegado el PSOE con el partido de Puigdemont, con el PNV, con ERC, con Sumar, con Coalición Canaria o con EH Bildu, acuerdos que van a costar a los españoles un dineral incalculable, acuerdos que ponen en peligro la separación de poderes, acuerdos que convierten a millones de españoles en ciudadanos de segunda en favor de minorías que lo que buscan es la división del país y el aniquilamiento de la Constitución. En las calles hemos visto cientos de miles de hombres y mujeres mostrando su descontento, pero a esas convocatorias acuden sólo algunos y son muchos los se quedan en casa por lo que se puede pensar que la protesta es la de decenas de miles de almas más.
Ponerse de perfil ante algo así es un error monumental y sólo se puede comprender teniendo en cuenta el ansia de poder de Pedro Sánchez, los cambios de rumbo de su política a medida que las necesidades particulares han ido ordenando su forma de hacer o el desprecio de Sánchez por todo aquel que no le vota o asume sus ideas.
Ahora bien, del mismo modo que el clamor popular es una evidencia, no se puede negar la mayor en un asunto tan esencial para el futuro de España come es este.
Si hablamos de votos y escaños, el resumen es claro: el bloque favorable a la investidura de Sánchez suma aproximadamente 12.500.000 votos, y acumula 179 diputados de 8 formaciones políticas diferentes; el bloque que no apoya la investidura del presidente en funciones se compone de 3 partidos, 171 diputados y 11.175.000 de personas. Esto es una realidad que no puede obviarse. Las reglas del juego son las que son para todos y, por tanto, no se pueden producir situaciones violentas a las puertas de las sedes del PSOE, ni se deberían lanzar acusaciones gruesas contra Sánchez como, por ejemplo, la de tachar de fraude electoral su investidura, puesto que pueden ser tomadas como un insulto por la mitad de los españoles. Del mismo modo que él no puede despreciar a la mitad de españoles, la otra mitad no puede hacerlo con los que sí siguen a Pedro Sánchez en esta aventura incomprensible.
Es descorazonador que un país dependa de prófugos de la justicia que representan a una minoría, que el futuro de España se dibuje en un país extraño y que la evidente compra de siete votos por parte de Sánchez vaya a costar una cantidad abrumadora a los españoles. Todo es turbio e inquietante, pero no es ilegal, ni se puede tachar de ilegítimo. Es política y es el resultado de unas elecciones democráticas.
