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Fachada sur (Calle de Alcalá) de la Real Casa de la Aduana, en Madrid (España); sede del Ministerio de Economía y Competitividad de España.
En el momento en el que la recuperación económica sea una realidad, el Gobierno de España (el actual o el de turno llegado el momento) tendrá que enfrentarse a un problema que podría ser causa de grandes problemas a medio y largo plazo.
No es sostenible una economía que soporta una deuda pública superior al 117 por ciento del PIB, cifra nunca conocida en democracia y que solo se recuerda en tiempos de guerra. Aunque la pandemia ha provocado que esta cifra escandalosa y peligrosa no sea la peor de Europa, España no puede soportar un peso de esas dimensiones tan descomunales.
Son 1.311 billones de euros que se relacionan con un PIB que ha ido a menos durante el último año, concretamente un 11 por ciento, cifra que, esta vez, sí representa la peor cifra de la UE. Este retroceso puede explicarse por el batacazo del sector servicios con el turismo a la cabeza. La traducción es evidente: menos recaudación tributaria y menos cotizaciones a la Seguridad Social. Si sumamos el gasto público dedicado a las ayudas, tenemos el dibujo de una tormenta perfecta para que el déficit y la deuda se descontrolen peligrosamente.
Afortunadamente, en la UE se han relajado las medidas impuestas anteriormente respecto al déficit. Gracias a una política decidida del BCE que sigue adquiriendo deuda de forma masiva y a la relajación de las restricciones del ‘Pacto de Estabilidad y Crecimiento’ por parte de la UE, la tragedia no es absoluta.
Será necesario trazar un plan para los próximos años. De otro modo, el problema puede llegar a cronificarse y generar problemas irresolubles. Pero para ello, la unidad de criterio entre los políticos españoles se debe consolidar en casos de extrema necesidad como es el que vivimos. Y no parece que se den las condiciones.