Agua de mayo en agosto. El Plan Supera de la Diputación de Sevilla cae como si fuera maná en una provincia que aprovecha este superávit económico de la institución supramunicipal para disponer de infraestructuras difícilmente asumibles de otro modo. La controvertida ley de la reforma local, aprobada en los albores del primer gobierno de Rajoy, aunque luego suavizada, dejó con poca capacidad de maniobra –entendiéndose como positivo que tampoco la había de endeudamiento– a las administraciones locales para acometer actuaciones que han de considerarse como vitales para el desarrollo de los pueblos, hermanos pobres en el reparto de equipamientos que mejoran la vida del ciudadano. Bien por promover inversiones necesarias para elevar estas condiciones o bien como generadoras de empleo local, la prestación directa de efectivo que la Diputación hace a través de este programa de solidaridad ha de elevarse a la categoría de revulsivo rural imprescindible. A lo largo de sus ya celebradas cuatro ediciones, cinco con la que ahora se pone en marcha a toda pastilla por un retraso en la tramitación con el gobierno central que mantuvo en ascuas a los pueblos, el vecino ha percibido una nueva ola de desarrollo en la vertiente municipalista, a veces, más allá de este ejemplo, injustamente tratada.