No parece que la falta de flexibilidad y la intransigencia ideológica sean buenas compañeras de viaje en política. Y mucho menos si el asunto que se encuentra sobre la mesa es la educación de los niños y jóvenes españoles.
Ayer, las calles de las ciudades españolas se inundaron de vehículos en los que iban familias enteras que pedían derogar de inmediato la conocida ya como Ley Celaá, una ley de educación que nace sin consenso, sin escuchar apenas las propuestas de buena parte de la comunidad escolar, y que es producto de la cesión sin límite del Gobierno frente a los independentistas vascos y catalanes, y frente a sus socios de Gobierno que avanzan en la consecución de objetivos sin sacar rédito político a cambio. Pedro Sánchez está logrando que le hagan el trabajo sucio y él se apunta los tantos conseguidos.
Las demandas tienen que ver con la desaparición del castellano como lengua vehicular en las escuelas catalanas, vascas y en territorios en los que el independentismo tome fuerza; tienen que ver con la libertad de elección del tipo de enseñanza por parte de los padres; tiene que ver con el necesario cuidado de la enseñanza concertada y, también, tienen que ver con la discriminación de la religión como asignatura en los programas educativos.
Más de 2.000.000 de firmas recogidas para pedir al Gobierno que se siente a discutir el contenido de la Ley de Educación que se aprobará en los próximos días deberían ser suficientes para que Celaá tuviera en cuenta una demanda que ha inundado las calles de las ciudades españolas de color naranja.