Si un asunto ha creado polémica, ríos de tinta e intensos debates, ese ha sido el de los aforados en España. Los aforados se pueden definir, de forma muy simple, como aquellas personas que ejercen un cargo público o una profesión determinada que les hace gozar del derecho de ser juzgados por un tribunal distinto al que les correspondería en el caso de ser imputados.
Ciudadanos, la formación política que lidera Albert Rivera, quiere agilizar los trámites necesarios para suprimir los aforamientos en Andalucía (diputados autonómicos y altos cargos). No es nada nuevo puesto que el pacto que firmó con el PSOE para proporcionar la necesaria gobernabilidad recoge esta cuestión. El proceso ya se ha llevado a cabo en Murcia y la propuesta en Andalucía necesitará apoyos suficientes para que pueda llegar a buen término. Esto significa que el apoyo del PSOE y del PP se hace imprescindible puesto que es necesario reformar el Estatuto de Autonomía.
El aforo ha generado, desde siempre, cierto desconcierto en la ciudadanía puesto que el número de aforados parece excesivo y se trata de un privilegio que no se termina de entender cuando los casos de corrupción –especialmente, en el ámbito autonómico– son numerosos y, en muchos casos, escandalosos. Por ello, resulta difícil de digerir, por parte del ciudadano, un trato de privilegio para aquellos que se lucran con el dinero público, financian partidos políticos de forma ilegal o cobran comisiones al realizar obras financiadas con el dinero público.
En este momento, los casos de corrupción salpican las distintas comunidades autónomas de mayor potencial económico y son de tal magnitud que ya parece obligado tomar medidas para racionalizar de alguna forma este asunto. El número de políticos aforados se acerca a 2.000 cuando sería suficiente con que fueran los miembros del Gobierno de España, los presidentes autonómicos y algunos cargos públicos de especial relevancia, los que pudieran disfrutar de esos aforamientos.
Resultaría extraordinario que Andalucía fuera la segunda comunidad autónoma que diera un paso al frente demostrando que desde la Junta saben cumplir con los acuerdos y que las distintas fuerzas políticas son capaces de negociar para conseguir ordenar las cosas en busca del bien común. De no ser así, las dudas entre los andaluces, respecto a este asunto, volverían a crecer y el grado de desconfianza crecería sin lugar a dudas.