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Manifestantes opositores se enfrentan a agentes de la Guardia Nacional Bolivariana. / Cristian Hernández (Efe)
No cabe esperar que la extrema izquierda española consienta en reconocer como cosa cierta lo que ayer dijo el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, constatando el fin de la democracia en Venezuela. El sucinto pero demoledor relato de los hechos expuesto por el representante de la ONU elimina cualquier duda sobre la criminalidad de un régimen que no duda en recurrir al asesinato, la tortura y otras formas de violencia para acallar la disidencia en un país que, si alguna vez percibió el chavismo como una ráfaga de esperanza contra la pobreza y la corrupción, hoy sufre la pesadilla de un obcecado Nicolás Maduro que está pagando la hipoteca del poder con la sangre y el horror de sus paisanos. Todo el mundo libre –y muy especialmente España, por sus lazos históricos con el país americano– tiene el deber moral de posicionarse al unísono en contra de lo que está sucediendo allí. Quien no lo haga tendrá difícil hablar de libertades, de derechos y de democracia, incluso desde la jerga trasnochada de unas revoluciones que han dejado más lágrimas que risas.