El IVA de las mascarillas y las mentiras del Gobierno

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12 nov 2020 / 16:09 h - Actualizado: 12 nov 2020 / 16:15 h.
"Impuestos","Editorial"
  • La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se coloca la mascarilla durante el pleno del Congreso de los Diputados, este miércoles. / BALLESTEROS-EFE
    La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se coloca la mascarilla durante el pleno del Congreso de los Diputados, este miércoles. / BALLESTEROS-EFE

La reducción del IVA de las mascarillas (del 21 al 4 por ciento) es una excelente noticia que llega acompañada de otro espectáculo de malabares por parte del Ejecutivo español. Incluso las buenas noticias se convierten en un desastre. Ni la mentira, ni llegar muy tarde, ayudan a que lo bueno quede intacto.

El Gobierno de Sánchez ha decidido silenciar el Congreso de los Diputados a base de (casi) imponer medidas de excepción; y, de paso, ha decidido tratar a los españoles como si fuéramos un grupo sin criterio alguno y sin derecho a saber la verdad. Nunca antes se había vivido en democracia tanta falta de trasparencia (el número de muertos a causa de la Covid-19 sigue siendo paradigmático) ni tanto afán por retorcer el lenguaje y la verdad por parte de un Gobierno.

El pasado miércoles, por la mañana, Adriana Lastra tachaba de ilegal la bajada del IVA de las mascarillas. Se atrevió a señalar a Italia como país que se ha saltado las directrices comunitarias al reducir el IVA en esos productos. No ha pedido disculpas. Por su parte, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, decía que estaban intentando que la Comisión autorizase esa bajada impositiva. Tampoco ha pedido disculpas. Ya por la tarde, en el Congreso de los Diputados, la ministra de Hacienda decía que había que «ser sensibles» y «escuchar a la gente» y que lo iba a hacer el Gobierno era bajar el IVA de las mascarillas del 21 al 4 por ciento.

Lo cierto es que desde el 5 de mayo pasado la UE permite bajar o eliminar el IVA de esos productos. Lo que sucede es que el Gobierno español no había enviado la petición formal a Bruselas hasta el pasado día 6 de noviembre. Y es que 1.568 millones de euros menos de recaudación es mucho dinero, algo que el Gobierno jamás reconocerá como verdadera base del problema.