El Ejecutivo de Mariano Rajoy cumple hoy 200 días en funciones mientras se suceden las reuniones para la formación de gobierno tras las elecciones del 26 de junio. Una situación inédita en la democracia española que sorprendentemente sólo parece preocupar a menos de un cinco por ciento de los ciudadanos, según los datos del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) hecho público ayer. Sin embargo, esta interinidad es más preocupante de lo que muchos parecen calibrar. Además del motivo más evidente, la falta de un gobierno con plenos poderes legislativos –al estar en funciones Rajoy y sus ministros no tienen la capacidad de iniciativa legislativa y, por tanto, no pueden enviar a las Cortes proyectos de ley–; España tiene por delante importantes desafíos tanto internos como externos que están en vía muerta.
No en vano, hace meses que la Comisión Europea viene reclamando a Madrid medidas que ascenderían a 10.000 millones de euros para corregir el desvío del déficit del pasado ejercicio, unido esto a una amenaza de multa de 2.000 millones por incumplir dichos objetivos fiscales. Unos ajustes que el próximo ejecutivo tiene que intentar rebajar con Bruselas, pero que sea cual sea la cantidad final a recortar habría que recoger en los presupuestos de 2017 y, por tanto, comenzar a redactar y presentar en el Parlamento antes del 30 de septiembre –fecha tope–. O España tendría unos presupuestos prorrogados en un momento económico crucial marcado por la incertidumbre tras el Brexit. Pero lo cierto es que los primeros contactos entre el PP y los grupos parlamentarios no están siendo especialmente esperanzadores. PNV y ERC adelantaron ayer que votarán en contra, aunque aún hay margen para que Rajoy logre los apoyos necesarios para su investidura dado que Pedro Sánchez y el PSOE han renunciado a ello. De no ser así y tener que celebrarse unas terceras elecciones, España y sus políticos estarían jugando con fuego