El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, lo pudo decir más alto pero no más claro en la presentación de su informe anual en el Parlamento, el foro donde reside una soberanía popular a la que los mismos diputados allí presentes tienen que dar salida a los problemas. Y eso no está ocurriendo. Por mucho que se insista en que se está superando la crisis económica, eso no se está notando en una base amplia de ciudadanos, que no tienen suficiente para sobrevivir. Las palabras de Maeztu volviendo a alertar del drama que viven miles de personas, una situación que es desesperante más allá de lo que pueden describir las palabras, tienen su refrendo en indicadores tan fiables como los del INE (los datos constatan que un tercio de los andaluces son pobres) o el informe de Cáritas, que certifica lo que es una realidad clamorosa: la pobreza no sólo no se ha reducido sino que se está haciendo crónica, y en ella se encuentran sumidas más de 18.000 familias sevillanas. Lamentaba Maeztu que ante el hundimiento general que sufrimos no sólo han empeorado las condiciones de vida de miles de personas, sino que se han perdido no pocos derechos que antes se consideraban fundamentales y ahora vemos como concesiones graciosas de las administraciones. El listón, por desgracia, cada vez lo ponemos más bajo porque bastante tienen demasiadas personas con subsistir. Con tan aterrador telón de fondo, no es suficiente con rasgarse las vestiduras y lamentar la situación: hay que hacer algo, y de manera urgente. Ante ello, el contraste entre la necesidad y la reacción política sigue siendo más que insuficiente, como claramente ha quedado demostrado en el baile entre partidos que nos tiene sin gobierno desde hace casi medio año. La comparación puede parecer populista, pero desde luego así no solucionamos nada.