Mientras Londres y Bruselas discuten los detalles sobre cómo llevar a cabo el principio de acuerdo que se alcanzó el pasado 31 de diciembre para la entrada de Gibraltar en el espacio europeo sin fronteras o tratado Schengen; España va a sacar a Gibraltar de su lista de paraísos fiscales, ahora que entra en vigor el acuerdo sobre fiscalidad y protección de los intereses financieros entre España y Reino Unido en el Peñón.
España, el año 1991, creó una lista negra de paraísos fiscales en la que aparecía, hasta ahora, Gibraltar. De la de la OCDE y la UE , la de «jurisdicciones no cooperativas», ya había desaparecido hace un tiempo.
El objetivo último del Gobierno de España es lograr una necesaria armonización de la política arancelaria con la del Peñón, así como un amplio acuerdo sobre el IVA y los impuestos especiales que afectan al alcohol, el combustible y el tabaco. Esto es algo que, sin duda, facilitará las relaciones entre las partes y que es algo tan esperado como imprescindible y que, por fin y tras el Brexit, se alcanza no sin gran esfuerzo.
Con este acuerdo, se logrará facilitar e igualar, entre territorios, la transparencia fiscal y la lucha contra el blanqueo de capitales. Y, además, se busca que la cooperación sea absoluta en materia fiscal y en la persecución de los evasores fiscales.
El acuerdo que se firmó el 4 de marzo de 2019, fija con claridad cuándo una persona física o jurídica es residente fiscal en España, a las sociedades constituidas en Gibraltar antes de noviembre de 2018, aunque con condiciones. De este modo se evitarán movimientos futuros que pudieran causar problemas.
Este es un acuerdo imprescindible para que las relaciones entre el Peñón y España sean fructíferas y fluyan sin grandes problemas. Y el interés para que así sea de las partes es evidente. Aunque con gran retraso, se normaliza una situación que el tiempo ha demostrado que era mucho más transparente de lo que podía aparentar.